La Abogacía del Estado solicita 25 años de cárcel para el hijo mayor del expresident catalán, Jordi Pujol, y Marta Ferrusola, Jordi Pujol Ferrusola, por cinco delitos fiscales englobados dentro del 'caso Pujol'.
La solicitud de pena de la Abogacía del Estado es muy superior a la que hizo pública la Fiscalía Anticorrupción, que pedía 9 años de prisión, y que la hacía extensiva al padre, Jordi Pujol Soley, por asociación ilícita y blanqueo de capitales, al menos, desde el año 1991 junto al resto de su familia.
Además de los 25 años que solicita la Abogacía para Pujol Ferrusola, extiende la petición de 17 años y medio para su exesposa Mercé Gironés y otros 4 años y medio para Josep Pujol Ferrusola. Al contrario que la Fiscalía, que pide juzgar a todo el clan Pujol (los otros cinco hijos y la matriarca, Marta Ferrusola, fuera de las actuaciones por demencia sobrevenida) la Abogacía solo se dirige contra estos tres miembros de la familia y contra 10 empresarios.
El escrito de los servicios jurídicos del Estado se refiere a la gran cantidad de dinero escondida en Andorra y fruto del "favorecimiento a determinados empresarios para que resultaran adjudicatarios de distintos concursos públicos de la administración pública catalana".
Se le atribuye a la pareja formada por Pujol Ferrusola y Mercé Gironés un fraude a Hacienda que asciende a 7,7 millones de euros por el pago del IRPF de los ejercicios de 2007, 2008, 2009, 2010 y 2012.
En julio de 2020, el juez instructor de la Audiencia Nacional propuso juzgar a toda la familia por formar presuntamente una organización criminal para acumular un patrimonio desmedido aprovechándose de su posición privilegiada.
Los servicios jurídicos del Estrado atribuyen al hijo mayor y a su madre (exonerada) la figura de cabecillas del operativo de evasión de impuestos, consistente en ingresos en efectivo en sus cuentas andorranas y de terceras personas, y el reparto de dinero entre todos los miembros de la familia.
Abrían cuentas en bancos andorranos que cancelaban acto seguido. Mientras que, en 2014, miembros de la familia regularizaron su situación ante Hacienda, Jordi no lo hizo (y desvió fondos a México) y Josep lo hizo de forma incompleta.
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