El Govern ha valorado este martes el anuncio hecho el pasado lunes por el Gobierno de recurrir la ley catalana de regulación de los precios del alquiler, que pone topes a las rentas en 60 municipios catalanes, entre ellos, Barcelona, Badalona o Santa Coloma de Gramenet. La portavoz del ejecutivo catalán, Patrícia Plaja, ha calificado de "pésima" la decisión que, ha dicho, "ha evidenciado cómo son de necesarias las herramientas que se han puesto en funcionamiento con esta ley para parar los abusos de determinados actores" en la fijación de los precios del alquiler en Cataluña. 

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Plaja ha expresado la sorpresa del Govern ante la postura del que "dice ser el Gobierno más progresista de la historia, dedicándose a impugnar leyes sociales como esta, en vez de extender una ley que busca defender a los ciudadanos sobre los abusos del mercado inmobiliario", lo que "reafirma la voluntad del equipo de Aragonès de convertirse en una República Catalana para poder gobernar sin injerencias" de este tipo. 

Además, ha asegurado que esta ley seguirá "plenamente vigente" en territorio catalán y ha negado que haya habido intento de acuerdo en esta materia entre los dos ejecutivos, tal y como había afirmado el Gobierno de Pedro Sánchez. La portavoz ha dicho que solo se ha reunido la comisión bilateral el pasado 3 de marzo y que, tras este encuentro, no ha habido más entre la Generalitat y la Moncloa.

Sobre esta ley de regulación del precio del alquiler, Plaja ha confirmado que durante su vigencia (se aprobó en septiembre de 2020 tras meses de negociaciones junto al Sindicat de Llogaters) se han impedido más de 76.000 contratos de precio abusivo en los 61 municipios que están regulados por esta norma (considerados como área de mercado tenso) de un total de 99.000 contratos realizados.

Fuentes del Sindicat de Llogaters han indicado a 20minutos.es este martes que  "es una vergüenza que el Gobierno, en su pacto de Gobierno y en el pacto de los presupuestos, se comprometiera a regular los alquileres en todo el Estado y que ahora esté atacando al único territorio donde hay una ley que está garantizando una regulación de los precios y que está funcionando".

Añaden desde el Sindicat que, si el Gobierno aduce que el recurso a la normativa es por una cuestión competencial, "la ley de vivienda estatal, que debería estar aprobada desde el pasado febrero, tendría incorporar esta regulación de los alquileres más todo un conjunto de medidas que garanticen el derecho a la vivienda, y más ahora con las dificultades que estamos viviendo".

Suicidio de un hombre en Sants 

También se ha referido al suicidio, el pasado lunes en el barrio de Sants de Barcelona, de un hombre que iba a ser desahuciado en una ejecución que decidió el juzgado de primera instancia número 3 de Barcelona a pesar de un informe social municipal del vecino que acredita que "no tenía recursos para afrontar el pago del alquiler". El Govern está revisando el expediente de trámite de este caso. 

El Consell Executiu ha tratado esta cuestión y ha previsto una reunión del grupo trabajo para garantizar el derecho a la vivienda, para abordar cómo mejorar los protocolos de desahucio para evitar desenlaces fatales como este, y frenar "situaciones como la de ayer para poder actuar mucho antes de que llegue el día del desahucio". También ha previsto conversaciones con el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).