Este jueves los Mossos d'Esquadra han empezado a desalojar por orden judicial las 12 familias que ocupan una vivienda de la calle Carrasco i Formiguera del barrio de la Bordeta de Lleida. La Guardia Urbana ha cortado algunas calles del alrededor para evitar que activistas se acerquen a la zona. En total hay una decena de furgonetas de antidisturbios y la primera persona ha sido desalojada a las ocho y media de la mañana. 

Finalmente, han desalojado a cuatro adultos y un menor de tres de los 12 pisos ocupados. Del resto, Servicios Sociales consideró vulnerables a dos mujeres con higos y los trasladó a pisos sociales de otros barrios. Las personas que vivían en los otros siete pisos ocupados ya habían abandonado el bloque en los últimos días, ante el riesgo inminente de que les echaran.  

A pesar del gran despliegue por parte de los Mossos d'Esquadra y la Guardia Urbana, el desalojo se ha llevado a cabo sin incidentes y no han intervenido los antidisturbios. 

Desahucio previsto para el 2 de junio

El desahucio de las 12 familias estaba previsto para el pasado 2 de junio y aquel día la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) se concentró ante el edificio para evitarlo. Finalmente, no se llevó a cabo. Desde entonces, algunas de las 12 familias se han ido marchado voluntariamente. 

En el edificio hay 36 pisos en total y el resto de vecinos se quejaban de las molestias de los ocupas. Se trata de un bloque propiedad de Bankia que gestiona la Agència d'habitatge de Catalunya para destinarlos a alquileres sociales. 

ACN

La docena de familias que ocuparon algunos de estos pisos reclamaban a Generalitat y Paeria una solución habitacional para no quedarse en la calle. El resto de vecinos del inmueble, que pagan un alquiler social, llevan tiempo quejándose de las molestias que, aseguran, provocan los okupas como por ejemplo destrozos, suciedad y ruidos, además de tener la luz pinchada.

Hace una semana, los vecinos que pagan un alquiler social aseguraban que hace meses que denuncian las molestias y los "problemas de convivencia" de los cuales responsabilizan a los okupas que también viven en el inmueble, mientras que estos lo negaban.

La polémica con este edificio se avivó hace unos días cuando la Síndica de Greuges de la Paeria, Dora Padial, dijo que "la PAH defiende a delincuentes, no personas vulnerables". La CUP pidió su dimisión por estas palabras y reclamó a ERC y en Común de Lleida que sustituyeran "inmediatamente" a Padial "por alguien que se preocupe de evitar los desahucios en lugar de criminalizar a aquellos que trabajan para evitarlos".