En un comunicado, el colectivo aduce que, siguiendo la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, "podemos deducir que las distintas administraciones, tanto la estatal como las autonómicas y las locales, en nuestro país vienen realizando durante años contratos en fraude de ley al encadenar nombramientos, contratos o relaciones laborales de duración determinada para cubrir necesidades que son de carácter estructural y permanente".

Para dar cumplimiento a las directivas, la plataforma propone dos vías: por vía legal, se podría legislar por una norma con rango de ley nacional o autonómica que estableciera una medida "efectiva, proporcional y disuasoria para sancionar los abusos, que consistiría en estabilizar al personal víctima de ese abuso sujetándolos a las mismas causas de cese que a los fijos comparables"; y por vía administrativa, las administraciones empleadoras, responsables de los abusos en la contratación temporal de su personal, "están obligadas a dar cumplimiento, y a sancionar y compensar los abusos, sin esperar a que se produzca la transposición legislativa".

Desde este colectivo se han mantenido reuniones con los sindicatos mayoritarios (UGT, CCOO y CSIF) y también con los minoritarios con representación en el Ayuntamiento, así como con el alcalde, Juan Espadas; la delegada de Recursos Humanos, Clara Isabel Macías; el jefe de servicio de Recursos Humanos, Javier Pérez Royo; y el director general de Recursos Humanos, Luis Partida, para acordar "un proceso de regularización administrativa de este personal, legal y constitucional, que garantice su permanencia en los puestos de trabajo siguiendo la doctrina europea, ya que cualquier autoridad administrativa tiene la obligación de cumplirla, dada su supremacía sobre la normativa nacional".

Sin embargo, critican que el Ayuntamiento no ha tenido en cuenta sus propuestas y sigue adelante con las ofertas de empleo público (OPE) tanto ordinarias como de estabilización, o de consolidación y con otros procesos como la provisión de puestos de trabajo, "que afectan a plazas ocupadas por personal en fraude de ley: como consecuencia de las mismas, podemos ser cesados de nuestros puestos de trabajo sin derecho a indemnización alguna; es decir, despidos libres y gratuitos tras décadas de servicio público, con una media de edad de 45/50 años, la mayoría mujeres y con cargas familiares que nos dejarán en la exclusión laboral y social".

Debido a "la imposibilidad de negociar una salida justa y legal al abuso de la temporalidad", la plataforma "se ha visto obligada a reivindicar su derecho a la estabilidad laboral" mediante movilizaciones alternando paros parciales el 27 de mayo y el 2, 10, 17 y 24 de junio, de 11,00 a 15,00 horas, con concentraciones e incluyendo una huelga general el 28 de mayo con manifestación, convocada por CGT a nivel andaluz para exigir la paralización de OPE y de cualquier proceso que afecte al personal en abuso de temporalidad o exclusión de estas plazas en dichos procesos; la inspección de las plazas para determinar cuáles son las que se encuentran ocupadas por personal en abuso de temporalidad; el proceso de regularización administrativa de este personal; y ofertar plazas vacantes existentes en este Ayuntamiento, que en este momento ascienden a 998, "una vez sea haya dado solución con sanción efectiva, proporcional y disuasoria al personal que está en abuso de la temporalidad y en fraude de ley".