El Ejecutivo de Juanma Moreno y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) están llamados a un segundo asalto después de que los comités territoriales de Alerta de Salud Pública de Alto Impacto revisaran este miércoles la tasa de incidencia en los municipios de la comunidad. La Campana (Sevilla) y, de nuevo, Montefrío (Granada) son las dos únicas localidades que han superado los mil casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, por lo que los expertos han recomendado su confinamiento y el cierre de la actividad no esencial, medidas cuya ratificación judicial ya ha solicitado la Junta.

Y lo hace después de que este mismo martes el TSJA rechazara el cierre de Montefrío –decisión recurrida por la Junta ante el Tribunal Supremo–, sobre el que ahora tendrá que volver a decidir el alto tribunal, pero sí permitiera el de dos pueblos de Cádiz y uno de Córdoba que, sin embargo, han reducido su tasa por debajo de los mil casos y, por tanto, podrán recuperar la movilidad y la actividad no esencial.

Para evitar situaciones como esta, el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, ha propuesto a todos los grupos parlamentarios alcanzar un acuerdo para hacer una modificación en la Ley de Salud Pública de Andalucía que permita a la Junta poder cerrar perimetralmente los municipios con una alta incidencia del coronavirus sin depender de los jueces. El cambio afectaría concretamente al artículo 78, que establece cuáles son las medidas que se pueden adoptar en caso de emergencia sanitaria, pero donde no está prevista una situación de pandemia como la actual.

El planteamiento del PP es que esta reforma se pudiera llevar al Pleno de este jueves y que saliera adelante mediante el procedimiento de urgencia y por lectura única, para lo que es necesaria la unanimidad de todos los grupos que, por el momento, está en el aire. Y es que, pese a que tanto el PSOE-A como Adelante Andalucía se han mostrado partidarios de apoyar la modificación de la ley, no sin criticar la "falta de previsión" de la Junta por no haber abordado antes esta cuestión, y el voto a favor de Cs es un hecho, el socio parlamentario del Gobierno andaluz, Vox, ya ha anunciado que recurrirá todas las decisiones de la Junta que supongan "restricciones" de derechos de los ciudadanos.

Moreno insiste en la Conferencia de Presidentes

Mientras, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, volvió a pedir al Gobierno central que "evite el caos" tras la caída del estado de alarma y las discrepancias judiciales y que convoque "de manera urgente" la Conferencia de Presidentes para abordar estas cuestiones.

Además, Moreno manifestó que Andalucía en estos momentos "no va a solicitar ningún toque de queda", primero, porque las condiciones epidemiológicas no lo permiten y, segundo, porque "no tenemos capacidad". En este sentido, y pese a que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) sí ha ratificado las medidas adoptadas por la Xunta tras el 9 de mayo, entre ellas, el toque de queda a partir de las 23.00 horas –restricción que también ha sido avalada por los jueces en la Comunitat Valenciana–, el presidente andaluz insistió en que las comunidades "no tenemos capacidad normativa para pedir un toque de queda, es un derecho fundamental que solo puede pedir el Estado con el estado de alarma".

También este miércoles se pronunció el presidente del TSJA, Lorenzo del Río, quien lamentó que el poder legislativo no haya adoptado medidas menos "genéricas" y que se haya "obligado" a los tribunales a "convertirnos en gestores" de este periodo. "A mí me duele que se hayan dicho cosas distintas, pero el problema es de base: la ley que tenemos", afirmó, y explicó que "las palabras pandemia o crisis sanitaria solo se usan en la ley de alarma y la que estamos aplicando habla de situaciones singulares y particulares para la posible contención de enfermos, no para un montón de individuos".