Este miércoles se ha celebrado el encuentro de la parte navarra de la Junta de Transferencias, previa a la firma del traspaso de competencia que tendrá lugar en Pamplona con la presencia del ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta. En el transcurso de la reunión, los representantes de los diferentes partidos navarros en la Junta de Transferencias han ratificado por unanimidad los términos del acuerdo para la asunción de la competencia, que entrará en vigor el próximo 1 de agosto tras el Real Decreto que firmará el Gobierno central.

La reunión de esta tarde ha contado con la presencia de la presidenta María Chivite y del consejero de Políticas Migratorias y Justicia, Eduardo Santos, además de todos los representantes del parte Navarra de la Junta de Transferencias: los dos vicepresidentes del Gobierno foral, Javier Remírez y José María Aierdi, y la consejera de Economía y Hacienda, Elma Saiz, por parte del Ejecutivo foral. Por parte de las formaciones políticas, han asistido Javier Esparza (Navarra Suma), Ramón Alzórriz (PSN), Uxue Barkos (Geroa Bai), Adolfo Araiz (EH Bildu), Mikel Buil (Podemos) y Javier Jimeno (I-E).

El titular de Políticas Migratorias y Justicia, Eduardo Santos, se ha felicitado "de un momento histórico por lo que supone retomar la senda de fortalecer el autogobierno y por responder a un anhelo histórico de todos los colectivos sociales que llevan trabajando muchos años con las personas presas desde la sociedad civil". A juicio de Santos, la asunción de esta competencia "está perfectamente enmarcada en los objetivos que tenemos marcados dentro del nuevo servicio navarro de Ejecución Penal que hemos creado en fechas recientes".

131 MILLONES ANUALES

El Gobierno ha trasladado a los representantes de los diferentes grupos políticos el informe realizado por el servicio de Convenio Económico, Análisis Fiscales y Administración del Departamento de Economía y Hacienda en relación con la valoración económica de esta transferencia.

El informe concluye que el coste total anual de la sanidad penitenciaria a nivel estatal es de 131 millones de euros, de los que Navarra se descontará el 1,6% en la aportación económica; esto es 2,1 millones de euros anuales, para financiar las funciones y servicios a asumir, ha detallado el Ejecutivo foral en un comunicado.

Navarra se hará cargo de los gastos de personal de las nueve personas trabajadoras que forman parte de la plantilla de Instituciones Penitenciarias, seis de ellas personal funcionario y tres personal laboral, que pasarán a formar parte de la plantilla del Servicio Navarro de Saludo-Osasunbidea. Asimismo, se hará cargo del resto de gastos relativos a la asistencia sanitaria como fármacos, equipamientos médicos, etc.

SALUD MENTAL, TOXICOMANÍAS Y FORMACIÓN

Por otro lado, desde el punto de vista de las funciones sanitarias, el Ejecutivo foral ha informado de que el traspaso supondrá una "armonización en la asistencia", que ya se desarrolla de la mano de Atención Primaria y el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea (SNS-O), con los que se comparten aplicaciones, como la historia clínica electrónica (Atenea), y protocolos. Para ello, se ha creado una comisión técnica para coordinar procedimientos y mejorar la formación de los profesionales en la que están integrados el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, la subdirectora general de Sanidad Penitenciaria, el director del centro penitenciario, el personal médico y de enfermería del mismo y la Dirección General de Justicia.

Asimismo, se van a organizar varias jornadas formativas para profesionales del SNS-O sobre especificidades médico-legales, judiciales y regimentales que rigen la vida en prisión y que requieren de una actuación sanitaria concreta. Esta formación "facilitará la cobertura de vacantes y sustituciones, así como futuras incorporaciones al centro penitenciario".

El Gobierno foral ha destacado, además, que "una parte importante del traspaso es su impacto en dos ámbitos considerados clave de cara al tratamiento y cuidado de la población reclusa, como son la salud mental y las toxicomanías, detectados como los principales problemas de salud de los residentes en el centro penitenciario". Actualmente, la dirección de Salud Mental del SNS-O presta ya su atención a este colectivo, un servicio que se continuará impulsando con el objetivo de "mejorar la calidad de la atención en estos apartados". Además, esta intervención "contribuye, a su vez, a la reinserción a todos los niveles de los presos y presas", ha resaltado. Por otro lado, se trabajará en el desarrollo de la telemedicina.

El objetivo principal de las actuaciones previstas es "garantizar los derechos de las personas internas como usuarias de los servicios de salud, la accesibilidad de este colectivo a los recursos sanitarios, la calidad de las prestaciones sanitarias penitenciarias y la equidad en el acceso a los cuidados".