Desde su inicio, la pandemia ha generado la destrucción de miles de empleos debido a la crisis económica que lleva aparejada. Y en este sentido, "luchar contra el virus y a su vez afrontar las consecuencias económicas, protegiendo el empleo y los derechos de los trabajadores ha sido, es y será la prioridad de los Gobiernos de España y de La Rioja y del PSOE", afirman en un comunicado de prensa.

En este sentido, la figura de los ERTEs ha sido clave para lograr ambos objetivos, junto con la prestación por cese de actividad para el colectivo de las personas trabajadoras por cuenta propia y el resto de ampliaciones de colectivos que se han ido produciendo a medida que se detectaba que había grupos que no quedaban amparados por la normativa: empleadas de hogar, trabajadores fijos discontinuos, y aquellas personas afectadas por una paralización temporal de la actividad, entre otros.

Los socialistas riojanos aseguran que tampoco podemos olvidar otras medidas que se integran dentro del llamado "escudo social", como la puesta en marcha del Ingreso Mínimo Vital, la paralización de los desahucios, la prórroga de los contratos de arrendamiento, o las moratorias para el pago de alquileres cuando los propietarios son grandes tenedores. Acciones todas ellas puestas en marcha por el Gobierno con el objetivo de que nadie quede atrás.

Además, se han puesto en marcha otras medidas muy importantes en cuanto a los derechos de los y las trabajadoras. Dos buenos ejemplos de ello son, por un lado, la aprobación del Real Decreto 28/2020 de trabajo a distancia, con el que por fin se regulan formalmente los derechos de las personas que hacen teletrabajo; por otro, la derogación del artículo 315.3 del Código Penal, que criminalizaba el derecho a huelga.

Hace un año afrontábamos el 1º de mayo con incertidumbre ante el futuro; hoy afrontamos esta fecha con esperanza, en pleno proceso de vacunación y con la oportunidad que suponen los fondos Next Generation EU para relanzar nuestra economía.

El Plan para la Recuperación, Transformación y Resiliencia así como el resto de planes puestos en marcha por el Gobierno de España y el Gobierno de La Rioja contribuirán a impulsar la creación de empleo de calidad, reducir el desempleo estructural y el paro juvenil, corregir la dualidad, mejorar el capital humano, modernizar la negociación colectiva e impulsar las políticas activas de empleo. Objetivos todos ellos que el PSOE lleva años defendiendo, especialmente desde la entrada en vigor de la reforma laboral aprobada por el gobierno del Partido Popular.

Todas estas reformas han de ser debatidas en el marco del diálogo social, como lo han sido las diferentes medidas que se han ido implantando en el ámbito laboral desde que comenzó la pandemia y que han sido clave para su implantación: desde el Acuerdo para la Reactivación de la Economía y el Empleo, suscrito en el mes de julio de 2020, hasta los diferentes Acuerdos Sociales en Defensa del Empleo, que han ido extendiendo y prorrogando la fórmula de los ERTEs, entre otras medidas.

La reactivación de la Mesa de Diálogo Social para derogar los aspectos lesivos de la reforma laboral de 2012 supone una nueva oportunidad para demostrar el valor del diálogo social, en un momento en el que hay que poner las bases para que nuestro mercado laboral sea capaz de responder a los retos actuales - desequilibrios del mercado trabajo que en última instancia generan desigualdad, precariedad y pobreza laboral -, y a los de futuro, como la digitalización y la sostenibilidad.