El Gobierno insiste en que no prorrogará el estado de alarma a partir del 9 de mayo y tampoco contempla aprobar un plan B jurídico basado en legislación ordinaria, como ha reclamado el PP. La portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, afirmó este martes que las comunidades tienen todas las herramientas necesarias para contener la pandemia aunque, al tiempo, reconoció que sólo se pueden limitar derechos fundamentales (como la movilidad o el derecho de reunión) con carácter general bajo el paraguas del estado de alarma.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Montero subrayó la línea que defiende el Gobierno desde el pasado 6 de abril, cuando el presidente Sánchez avanzó que su plan pasaba por dejar caer el decreto de alarma, aprobado en el Congreso el pasado 29 de octubre de 2020. De acuerdo con la hoja de ruta del Ejecutivo, las medidas pasarán a depender de las resoluciones del Consejo Interterritorial de Sanidad, que son de “obligado cumplimiento”, recalcó la ministra portavoz, y estarán sujetas al "refrendo" de los jueces.

Montero argumentó que los datos actuales de la epidemia hacen innecesario prolongar el decreto de alarma, no contempló la posibilidad de que a corto plazo se convoque una conferencia de presidentes autonómicos para analizar la situación y, preguntada por las críticas de la oposición y algunas autonomías, acusó al PP de estar "enredando" con este asunto. 

En este sentido, reprochó al partido de Pablo Casado que votara en el Congreso en contra de la prórroga del estado de alarma cuando los datos epidemiológicos eran "similares o superiores a los que tenemos en la actualidad", y que acusara entonces al Ejecutivo de "estar restringiendo la libertad de los ciudadanos". "Hay días que lo piden, presidentes [autonómicos del PP] que lo piden, otros que no... el PP, si me permite, está enredando y no sabe ni lo que quiere", zanjó. Aunque algunos presidentes autonómicos del PP se han mostrado favorables a una eventual prórroga del estado de alarma, la dirección nacional del partido dice que votaría en contra, llegado el caso.

En cuanto a la limitación de derechos fundamentales, Montero dijo que se trata de un asunto "muy serio" que está "bien articulado" bajo la figura del estado de alarma y que "no es conveniente descentralizar". Según la portavoz, el Gobierno "siempre" ha mantenido que los derechos fundamentales no pueden limitarse salvo en el "marco del estado de alarma", y por eso rechazó que se incorpore a "leyes ordinarias" la capacidad de establecer restricciones a la movilidad o al derecho de reunión, porque estos elementos tienen que estar circunscritos "a la declaración del estado de alarma". Pero, al tiempo, Montero dijo que las CCAA podrían establecer limitaciones que afecten a derechos fundamentales "siempre y cuando lo hagan con refrendo del control judicial". 

De hecho, y a preguntas de los periodistas, Montero evitó pronunciarse sobre si en el Consejo Interterritorial se acordarán medidas como el cierre perimetral de una comunidad autónoma. "Sería muy osada si me anticipo", dijo la portavoz, que se escudó en la necesidad de conocer los datos de incidencia cuando llegue el momento antes de pronunciarse sobre "la necesidad” de esa medida.