El Congreso aprueba la primera ley de cambio climático en España... pero los ecologistas la consideran "insuficiente"

  • El proyecto de ley  ha sido aprobado con 22 votos a favor, cinco en contra y diez abstenciones y ahora pasará al Senado.
Protesta climática ante el Congreso de los Diputados
Protesta climática ante el Congreso de los Diputados
Greenpeace

La Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico del Congreso ha dado su aprobación al proyecto de ley de cambio climático y transición energética, la primera norma integral para afrontar la emergencia climática de la historia de España. 

La Comisión, que dispone de competencia legislativa total por lo que el texto no tendrá que pasar por el Pleno, ha sacado adelante el proyecto de ley con 22 votos a favor, cinco en contra y diez abstenciones. Ahora, la ley pasará al Senado, donde continuará su tramitación parlamentaria por la vía de urgencia.

La futura ley ha sido apoyada por PSOE, Unidas Podemos, Ciudadanos, Bildu, Teruel Existe y Ezquerra Republicana; el Partido Popular y Más País se han abstenido y Vox ha sido la única formación que ha votado en contra.

Objetivos mínimos nacionales para los años 2030 y 2050

La ley prevé una serie de hitos en la reducción de gases de efecto invernadero, el papel de las renovables y la eficiencia energética que deben cumplirse antes del año 2030. En concreto establece que las emisiones deben reducirse un 23% respecto al año 1990, que las renovables deben suponer como mínimo el 74% de la energía que se genera y un 42% de la que se consume.

El objetivo más ambicioso está marcado para 2050: alcanzar la neutralidad climática y lograr un sistema eléctrico basado, exclusivamente, en fuentes de generación de origen renovable, un plan que es susceptible de revisarse al alza.

No más explotación de hidrocarburos y coches 0 emisiones

La ley prevé que tras su entrada en vigor no se concedan nuevas nuevas autorizaciones de exploración y permisos de investigación de materiales con propiedades radiactivas y de hidrocarburos o concesiones de explotación para los mismos. También prohíbe el fracking.

Para alcanzar esa descarbonización, el texto prevé que se adapten las medidas necesarias para que los nuevos turismos y vehículos comerciales ligeros que se fabriquen vayan reduciendo paulatinamente sus emisiones hasta alcanzar el 0 no más tarde de 2040.

Además, los municipios de más de 50.000 habitantes y los territorios insulares deberán adoptar planes de movilidad urbana sostenible antes de 2023, que introduzcan medidas de mitigación para permitir la reducción de las emisiones derivadas de la movilidad.

Cambio climático y pandemias

El Gobierno también fomentará la renovación y rehabilitación de los edificios hacerlos más eficientes energéticamente, que prevé que el Gobierno elabore un plan de Rehabilitación de Viviendas y Renovación Urbana.

Y además, las Administraciones Públicas deberán fomentar que se amplíen los conocimientos sobre cómo el cambio climático influye en la salud pública y cómo prevenir sus efectos perniciosos en este campo. De igual forma, también se revisará cómo se enseña esta materia en el sistema educativo. 

Mediante este proyecto de ley también se crea el Comité de Expertos de Cambio Climático y Transición Energética como órgano responsable de evaluar y hacer recomendaciones sobre las políticas y medidas de energía y cambio climático, incluidas las normativas. Para ello, deberá elaborar anualmente un informe que será remitido al Congreso de los Diputados y sometido a debate en el mismo, con la participación del Gobierno.

Decepción entre colectivos ecologistas

Juventud por el Clima y Fridays for future han calificado la Ley de Cambio Climático aprobada hoy en la comisión correspondiente del Congreso con competencia legislativa plena como "decepcionante" y "falta de ambición", por lo que seguirán sus movilizaciones climáticas en las calles.

Lo que debería haber sido un día para estar contentos y dar "un respiro de tanto pesimismo pandémico y celebrar que después de tantas concentraciones, sentadas y manifestaciones hemos dado un paso hacia un futuro un poco más sostenible, justo e inclusivo" consideran que se ha convertido en motivo de decepción, ya que nuevamente, no se ha escuchado a la ciencia. 

"Carece de la ambición necesaria para afrontar con éxito la situación de emergencia climática"

También organizaciones ambientales como Greenpeace y Ecologistas en Acción calificaron este jueves de “descafeinada” e “insuficiente” la Ley. “Es una ley fundamental y largamente esperada, pero carece de la ambición necesaria para afrontar con éxito la situación de emergencia climática declarada por abrumadora mayoría en el Parlamento y también por el Gobierno. Si en una situación de emergencia, esta ley es lo máximo a lo que aspiran tanto el Parlamento como el Gobierno, entonces este país tiene un grave problema, ya que no podrá cumplir con el Acuerdo de París”, apuntó Mario Rodríguez, director ejecutivo de Greenpeace.

Según Greenpeace, el texto del proyecto de ley se ha “debilitado” en el Congreso al “dejar la puerta abierta a los combustibles fósiles y permitir el uso del gas en todo el transporte”, lo que consideró “inadmisible”, aunque admitió “algunas mejoras”, como la prohibición de la minería de uranio, la rehabilitación energética de edificios o el cálculo de la huella de carbono en el sector financiero.

Por su parte, Ecologistas en Acción recalcó que el nuevo texto “no mejora el anterior” presentado por el Gobierno, presenta “objetivos insuficientes” y “no concreta medidas en sectores clave” para la descarbonización de la economía, esto es, dejar los combustibles fósiles bajo tierra.

Ecologistas en Acción indicó que el paso de la ley por el Congreso ha supuesto “una oportunidad perdida” para reducir los impactos climáticos. No obstante, destacó como aspectos positivos de la norma la prohibición de futuros proyectos de explotación de hidrocarburos o minerales radiactivos, el impulso de las comunidades energéticas, el establecimiento de objetivos de rehabilitación energética de edificios y la obligatoriedad de adoptar zonas de bajas emisiones en municipios de más de 50.000 habitantes.

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