La fase final de la pandemia que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, volvió a anticipar este martes gracias al acelerón en el proceso de vacunación dará lugar a una nueva etapa en la que las comunidades autónomas tendrán aún más peso en las medidas que decidan tomar para frenar los contagios, que se acentuará si, como anunció este martes, el 9 de mayo decae definitivamente el estado de alarma. A partir de entonces, se ampliará el catálogo de las medidas que de forma independiente podrá tomar o solicitar tomar cada comunidad pero un mes antes de llegar a este escenario, las diferencias territoriales sobre cómo afrontar la pandemia empiezan a exacerbarse de nuevo.

MAPA | Las comunidades comienzan a relajar las medidas a partir del sábado: las restricciones en cada autonomía

Al menos, este miércoles está previsto que se cierre definitivamente un acuerdo sobre otra cuestión que amenazaba con provocar disparidad de regulaciones, sobre el uso de la mascarilla mediante una ley que se publicó en el BOE la semana pasada y que la hacía obligatoria hasta para tomar el sol o bañarse en la playa. Desde entonces, algunas comunidades como Baleares decidieron aplicar sus propias regulaciones, más laxas, y está previsto que el Consejo Interterritorial de Salud fije un criterio común este miércoles para  que solo sea obligatoria en las playas cuando se esté paseando o en situaciones en que no haya distancia de seguridad. Según el borrador de Sanidad, se excluye tener que llevarla puesta durante el baño, la práctica de deporte o en los periodos de descanso en un lugar fijo, en el mar, en piscinas y otros espacios acuáticos. A medida que avanza el proceso de vacunación y se plantea modificar el marco nacional de las restricciones surgen diferencias territoriales en varias direcciones. 

Sin embargo, a medida que avanza el proceso de vacunación y se plantea modificar el marco nacional de las restricciones surgen diferencias territoriales en varias direcciones. 

Vacunación

Castilla y León ha decidido este miércoles paralizar la vacunación con AstraZeneca hasta que esta tarde la Agencia Europea del Medicamento (EMA) aclare si provoca o no los extraños trombos que se han registrado en varios países y ha abierto una brecha con el Gobierno central. La vicepresidenta primera, Carmen Calvo, ha recordado a esta comunidad que no tiene competencias para decidir algo así y que el proceso de vacunación se consensúa en el Consejo Interterritorial de Sanidad.

Este miércoles hay una nueva reunión de este órgano, que ha retrasado su hora de inicio hasta que termine el Consejo de ministros de Sanidad de la UE, que debatirá cómo continuar con la inmunización con AstraZeneca. Lo hará después de que la EMA anuncie sus conclusiones sobre la relación de esta vacuna y los trombos, sobre las que también discutirán la ministra de Sanidad, Carolina Darias, y los consejeros.

Compra de vacunas

La compra y distribución de vacunas tiene forma de pirámide en cuya cúspide está la Comisión Europea, que negocia con las farmacéuticas en nombre de los 27 países de la UE después de que estos deciden acudir a la compra de determinadas marcas, hasta siete en el caso de España. Una vez compradas, las dosis se reparten entre los Estados miembros y, en el caso español, entre las comunidades, en función de la población diana que habita en cada una de ellas en cada momento de la vacunación.

Sin embargo, a este sistema le están saliendo fugas en los últimos días, relacionadas con el nerviosismo ante la escasez de dosis, que Sánchez intentó ayer de aplacar anunciando un calendario según el cual en julio habrá 25 millones de personas vacunadas y a finales de agosto, 33 millones.

El Gobierno de la Comunidad de Madrid exploró la posibilidad de adquirir una vacuna, la rusa Sputnik V, que aún no está autorizada en la UE y que Sanidad no se plantea comprar de momento. La Comunitat Valenciana, que ya hace unas semanas pidió a Sanidad que tuviera en cuenta la vacuna rusa, que ha permitido acelerar la vacunación en América Latina o en Serbia, también está hablando por su cuenta con otras dos farmacéuticas, que le han informado de las dosis que llegarán a la Comunitat en los próximos meses, algo que hasta ahora ha hecho Ministerio de Sanidad. El presidente valenciano, Ximo Puig, ha explicado que ha hablado con AstraZeneca y con Janssen, aunque en este caso no para comprar vacunas por su cuenta, sino para "recibir información". 

Pasaporte Covid 

En este caso, la discrepancia se da entre el Gobierno central y Galicia. España trabaja en el seno de la UE para crear un certificado digital que permita que los ciudadanos puedan viajar porque ya hayan sido vacunados o porque acrediten una PCR negativa. Se espera que esté listo en el mes de junio pero el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha querido adelantarse anunciando para abril un 'pasaporte' similar con el que los gallegos podrán demostrar si tienen anticuerpos o un diagnóstico que descarte que tienen coronavirus. Lo expedirá el Servicio Gallego de Salud, (Sergas), según la Xunta será "meramente informativo" pero la idea no ha gustado nada al Gobierno central. 

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, recordó este martes a Feijóo que el certificado digital sobre la Covid será un documento de ámbito nacional y que cualquier iniciativa de este tipo debe estar coordinada con el Ejecutivo. "Le pediría al señor Feijoó y a todas aquellas comunidades autónomas que se coordinen con el Gobierno de España", dijo la ministra.

Estado de alarma

El solo anuncio por parte del Gobierno central de que no tiene intención de prorrogarlo más allá del 9 de mayo ya ha provocado discrepancias con algunas comunidades, que creen que todavía es prematuro hacer un anuncio así o que no descartan pedir que se ponga en pie de nuevo si los datos siguen siendo malos.

El presidente de Andalucía, Juanma Moreno, ha lamentado este miércoles que Sánchez no comunicara a los gobiernos autonómicos su decisión de no prolongar la alarma y ha echado en falta una reunión de la Conferencia de Presidentes para tomar estas decisiones en común.La portavoz del Govern catalán, Mertixell Budó, pidió este martes "toda la precaución posible" antes de descartar otro estado de alarma porque habrá que ver "cómo evolucionan los datos".

Por su parte, la presidenta de Navarra, María Chivite, ha asegurado que no le "temblará el pulso" para pedir a Sánchez que vuelva a decretarlo si lo considera necesario. Ha recordado de que Navarra y otras siete comunidades ya lo hicieron en octubre, siguiendo el anuncio que había hecho el presidente en agosto, que si lo consideraban necesario los gobiernos autonómicos podían pedir al Gobierno central que decretara el estado de alarma en sus territorios.

Por el contrario, el presidente valenciano, Ximo Puig, cree "razonable" que el estado de alarma termine el 9 de mayo porque "si no hay un cambio sustancial" en los contagios las comunidades pueden gestionar la pandemia con otros instrumentos.

Movimientos y reuniones 

En el fondo de la cuestión, el fin del estado de alarma provocará la desaparición del "paraguas" bajo el que las comunidades han amparado desde octubre las decisiones que han ido tomando sobre el cierre perimetral de sus territorios o para  determinar cuántas personas pueden reunirse tanto en espacios públicos como privados. A excepción de planes específicos para Navidad o Semana Santa, cada comunidad ha decidido sobre estas cuestiones gracias a que había un estado de alarma que evitaba que, como sucedió a finales del verano, los Tribunales Superiores de Justicia tumbaran sus restricciones de movimiento o reunión.

Toque de queda nocturno

Según el decreto del segundo estado de alarma, la obligación de estar en casa como muy tarde a las doce de la noche hasta las seis de la mañana es la única medida de carácter nacional y de obligado cumplimiento para todas las comunidades. También desaparecerá el 9 de mayo y está por ver si las comunidades decidirán suplirla con otras medidas, por ejemplo, regulando el horario de cierre de la hostelería, que sí está dentro de sus competencias.

Bares y restaurantes

De momento, algunas comunidades han empezado a decretar una de las nuevas medidas que se introdujeron en la reciente actualización del plan de respuesta coordinada, en función de su situación epidemiológica. Una de las que más destacaron fue la recomendación de cerrar el interior de bares, restaurantes y cafeterías cuando la incidencia acumulada llegue a 150 casos por cada 100.000 habitantes a 14 días. Aunque superan ese umbral, la Comunidad de Madrid o Cataluña no han recurrido a ella como sí han hecho Navarra, Castilla y León y también ha anunciado Cantabria.