El Ararteko, Manu Lezertua, ha entregado este martes en el Parlamento Vasco el informe sobre la actividad del Defensor del Pueblo de Euskadi el año pasado.

Esta institución realizó 9.826 actuaciones, de las cuales 6.437 corresponden a quejas y consultas, y 30 a expedientes de oficio. En la memoria del Ararteko se aprecia una disminución de las quejas y consultas presenciarles, debido al cierre de las oficinas de atención ciudadana durante el periodo de confinamiento por la pandemia.

Pese a que el Defensor del Pueblo ha mantenido en todo momento la atención telefónica, incluso durante esa etapa de confinamiento, también ha disminuido el número de consultas presentadas por esta vía. Por el contrario, se han incrementado la apertura de expedientes de oficio y el número de recomendaciones generales emitidas, según el resumen de la memoria aportado por esta institución.

El Ararteko realizó en 2020 un total de 7.064 servicios en las oficinas de atención ciudadana. De ellos, 3.882 han estado motivados por las quejas y consultas presentadas presencialmente en alguna de las oficinas, y más de 3.182 han consistido en asesoramiento e información a través del servicio telefónico.

En 2020 se celebraron 52 reuniones con organizaciones sociales y 49 con diferentes administraciones: departamentos y direcciones del Gobierno Vasco, diputaciones forales, ayuntamientos y otras entidades. El Ararteko también participó en 87 actos y jornadas promovidos por administraciones, organizaciones sociales y defensorías de ámbito estatal o autonómico, y en otras 20 de dimensión internacional.

INSPECCIONES ANULADAS

Debido a las medidas adoptadas para la contención de la pandemia, la institución no pudo realizar las visitas de inspección que en años anteriores venían realizándose a recursos residenciales para menores de diverso tipo, a comisarías de la Ertzaintza y policías locales.

En 2020 se registraron 2.525 quejas escritas ante el Ararteko, institución que resolvió 2.061 expedientes de queja y dictó 1.432 resoluciones. El resto de casos corresponde a inadmisiones sobrevenidas. La duración media de los procedimientos de queja ha sido de 46 días.

Cerca del 43% de los expedientes correspondía a alguna actuación incorrecta de la administración afectada, un porcentaje inferior al del año anterior (49%). La administración afectada ha corregido y modificado la actuación que originó la reclamación en el 82% de los supuestos. En la mayoría de los casos no ha sido necesario dictar una recomendación formal por parte del Ararteko.

PROTECCIÓN SOCIAL

En función del área temática a la que se refieren las quejas, observamos que se han incrementado ligeramente las reclamaciones relacionadas con los dispositivos de lucha contra la exclusión social, que han pasado de las 468 de hace dos años, a 497.

De estos expedientes de queja, cerca del 88% se refieren a problemas diversos relacionados con el funcionamiento de Lanbide y a sus actuaciones en materia de gestión de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y de la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV).

Además, casi el 43% de los expedientes de queja tramitados tienen relación con derechos sociales (salud, inclusión social, vivienda, educación).

En el caso de las quejas referidas a los colectivos de atención pública, muchos de esos expedientes (incluyendo los del área de inclusión social) guardan relación con las políticas públicas dirigidas a garantizar la igualdad real y efectiva de todas las personas, para lo que se trata de combatir lo obstáculos que impiden o dificultan el ejercicio de ese derecho a mujeres, personas mayores, niños y adolescentes, personas con discapacidad, personas LGTB, inmigrantes, o personas gitanas.

Al igual que en años anteriores, el Gobierno Vasco ha sido la administración contra la que más reclamaciones escritas se han dirigido en 2020 (casi un 54%), y se mantienen sin grandes variaciones las referidas a actuaciones de los ayuntamientos(35%). Cerca del 10% de los expedientes han afectado a las diputaciones forales.

INFORMES Y ESTUDIOS

El Ararteko ha emitido seis recomendaciones generales y puesto en marcha cuatro estudios e informes, que terminarán de materializarse en los próximos meses, sobre materias como la discriminación, la atención a jóvenes extranjeros sin acompañamiento familiar en Euskadi, el impacto de la covid-19 en las residencias de personas mayores, o la administración electrónica y los derechos de la ciudadanía.

La Oficina de Asuntos Europeos e Internacionales, en colaboración con la Oficina de la Infancia y la Adolescencia y el Área de Personas Extranjeras del Ararteko, finalizó el informe que estaba realizando sobre servicios para la acogida de menores extranjeros no acompañados.

OFICINA DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA

El Ararteko ha explicado que los niños y adolescentes "no han sido ajenos" a las consecuencias de la aplicación de las medidas impuestas para intentar frenar la propagación del virus.

Además del confinamiento total, la brecha educativa, los conflictos familiares o la pérdida de trabajo de sus progenitores han incidido en un porcentaje aún por cuantificar de niños, según ha explicado el Defensor del Pueblo, que ha alertado de que dicho impacto, en todo caso, "suele ser mayor en aquellos que parten de una situación de mayor vulnerabilidad al inicio de la crisis".

En 2020, los expedientes de queja en los que, de manera expresa, se encuentran implicados niños y adolescentes fue de sido 502 (un 19,8% del total de los presentados).

Los asuntos relacionados con las condiciones materiales en las que transcurre la vida de los niños y con el sistema educativo suponen el 72,1% de las reclamaciones. El resto de quejas se refieren a cuestiones relativas a las políticas de apoyo a las familias, los servicios sociales para la infancia en situación de desprotección, el sistema de salud y al deporte escolar, principalmente.