En la providencia en la que el juzgado citaba a Manuel M.G., recogida por Europa press, dicha instancia daba cuenta de un escrito formulado por Vox, que ejerce la acusación popular, en demanda de esclarecer diversos movimientos de importantes cuantías en la cuenta bancaria del investigado, con lo que esta instancia judicial acordaba una "ampliación de la declaración prestada" por el investigado en torno a "los extremos contenidos" en el escrito entregado por Vox.

Durante su nueva comparecencia, que se habría prolongado durante aproximadamente media hora, según han informado a Europa Press fuentes del caso, Manuel M.G. habría explicado ante las preguntas formuladas que dado que las transferencias bancarias ligadas a los pagos que usaba para detraer el dinero necesitaban la firma de al menos dos personas de un grupo de cinco altos responsables de Lipasam, presentaba operaciones de pago de cientos de facturas, incluso 500, para ocultar sus prácticas.

Igualmente, habría desgranado el destino dado al dinero que detraía de los fondos de Lipasam y que habría derivado a varias de sus cuentas propias. En concreto, gracias a dicho dinero habría adquirido diversos inmuebles e incluso una embarcación, entre otros aspectos.

El Juzgado de Instrucción número 14, recordémoslo, había fijado para este hombre y su esposa, M.V.G.V., también investigada en la causa, una responsabilidad civil de 1.033.805 euros, así como una "fianza pecuniaria" de 1.378.407, con el aviso de que en caso de no ser depositada "se procederá al embargo de bienes suficientes de ambos" para hacer frente a la misma.

EL EXCONTABLE PASABA POR "UN MAL MOMENTO ECONÓMICO"

En cuanto a las diligencias en cuestión, recordemos que cuando el excontable de Lipasam Manuel M.G. declaró como investigado ante la citada instancia judicial, este hombre, contable en Lipasam desde 1989 y que cobraba unos 2.500 euros mensuales, aseguraba al juez instructor que desde 2008 incurrió en dicho desvío de los fondos de la empresa municipal porque estaba pasando por "un mal momento económico".

En ese sentido, el propio alcalde de Sevilla, Juan Espadas exponía ante el pleno del Ayuntamiento que el excontable de Lipasam, que pidió su baja voluntaria en la empresa y ha puesto a disposición del juzgado dos fincas urbanas de su propiedad, ingresó hace "30 años" en la empresa como mero trabajador, es decir no era "un directivo nombrado por ningún gobierno" ni ningún cargo "a dedo", toda vez que por su trayectoria en la empresa y como encargado de "supervisar con el máximo rango" la contabilidad de la empresa, "había generado un espacio de confianza entre sus responsables directos", que han sido "varios" a lo largo de los años.

UN "MECANISMO PERVERSO" PARA DESVIAR LOS FONDOS

Según Espadas, el excontable conocía "muy bien" el funcionamiento financiero de Lipasam y desviaba dinero de la empresa a su cuenta mediante un "mecanismo perverso y muy sofisticado" que "ha escapado a todas las auditorías" realizadas en la empresa en los últimos años.

Fue el 20 de diciembre de 2019, en ese sentido, cuando la empresa municipal interpuso su denuncia inicial contra este hombre, una vez constatado que el ya extrabajador de Lipasam pudo realizar de forma supuestamente irregular transferencias a una cuenta personal desde 2014 por un importe de 422.512 euros, unos hechos que pueden ser constitutivos de un delito de malversación continuada de caudales públicos de especial gravedad, así como de un delito continuado de falsedad.

En un segundo escrito, ya en enero de 2020, como consecuencia de una segunda fase de las investigaciones y tras constatar que los hechos se remontarían a 2008 y la cuantía defraudada podría ascender a 1.012.275 euros, la denuncia inicial fue ampliada con tales aspectos, considerando el juzgado que pesan indicios de la "participación" de la esposa del excontable en los hechos.