El diputado de Cs Jesús Méndez ha criticado que "en el mes de enero se aumentara el coste de la electricidad durante la ola de frío, con cuarentenas, un toque de queda que obliga a permanecer muchas horas en los hogares y una grave crisis económica derivada de la pandemia".

Por su parte, el diputado de Unidas Podemos Alejandro López ha remarcado que "a día de hoy la pobreza energética, por desgracia, cada vez está más extendida en los hogares, tanto en España como en Baleares".

Dentro de la propuesta de Cs, el Parlament ha acordado reclamar diversas medidas como "acabar con la doble imposición establecida en las facturas de la luz y el gas natural, sacando los impuestos de electricidad e hidrocarburos respectivamente, de la base imponible del IVA"; establecer un tipo de IVA reducido mientras dure la pandemia; reformar la tarifa eléctrica; y regular una garantía social de acceso a los suministros básicos.

Si bien los puntos anteriores se han aprobado por unanimidad, ha empatado, con el voto a favor de la oposición y en contra de los grupos del 'Pecte', un punto que pedía al Govern elaborar con carácter urgente un Plan de Garantía de suministros básicos dirigida a prevenir, detectar e intervenir ante situaciones de carencias en el acceso a los suministros básicos (luz, gas, agua) por parte de los consumidores y familias de las Islas. La iniciativa concretaba estas medidas, incluyendo ayudas económicas directas y ccuerdos con las compañías suministradoras.

LUCHA CONTRA LA POBREZA ENERGÉTICA

Por otro lado, a propuesta de Unidas Podemos se ha aprobado instar al Govern a constituir la Mesa para la Lucha contra la Pobreza Energética; impulsar planes de formación e información al consumidor doméstico que facilite el entendimiento y control de las tarifas; solicitar al Estado una reforma del bono social eléctrico y crear un bono social gasista, así como la congelación de las tarifas de los consumidores domésticos a diciembre de 2020, poniendo como referencian la renta media de las familias.

La Comisión también ha apoyado la creación de una comercializadora pública de energía a nivel estatal; recuperar la gestión pública de centrales hidroeléctricas; reformar la factura eléctrica; desarrollar certificados de ahorro energéticos; impedir las 'puertas giratorias' hacia las empresas energéticas; y realizar una auditoría de costes de todo el sistema eléctrico nacional.

Con todo, ha empatado un punto que pedía "impulsar la reforma del mercado eléctrico, aprobando un gravamen sobre el exceso de retribución que reciben en el mercado centrales ya amortizadas, para acabar con los beneficios caídos del cielo".

Alejandro López ha advertido de que "se sigue considerando la energía como un bien comercial y no como un bien de primera necesidad", por lo que "para luchar contra la pobreza energética hace falta cambiar por completo la forma en la que se comprende o lo que significa la electricidad".