El Gobierno regional entiende que esa decisión va contra las reglas de explotación del Trasvase y supone reducir 3 hectómetros cúbicos la cantidad de agua que debía llegar a la cuenca del Segura, fijada en 20 hm3, tal y como recomendó la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura. Una vez más, la ministra y vicepresidenta del Gobierno de España, Teresa Ribera, desoyó los criterios técnicos y adoptó una decisión partidista y arbitraria.

En total, en lo que va de año hidrológico, el Ejecutivo regional ha denunciado ya la reducción de un total de 20 hectómetros cúbicos sin motivación alguna.

El Gobierno regional se ve obligado a emplear una vez más todos los mecanismos jurídicos de los que dispone para defender los derechos del millón y medio de habitantes de la Región de Murcia, y, especialmente, del sector agrícola, gravemente atacado por estas decisiones del Gobierno de España, que no actúa en base a criterios técnicos y justos que garanticen el cumplimiento de la Ley.