La oposición pide investigar el caso Plus Ultra y solicita varias comparecencias, mientras Moncloa se desvincula

Un avión de Plus Ultra, en una imagen en Wikipedia.
Un avión de Plus Ultra, en una imagen en Wikipedia.
EVComunicacion / Wikipedia.
Un avión de Plus Ultra, en una imagen en Wikipedia.

El PP ha solicitado la creación de una comisión de investigación en el Congreso para conocer el rescate de la aerolínea Plus Ultra, mientras que Ciudadanos ha registrado la solicitud de tres ministros económicos para que den cuenta de ello en el Parlamento.

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha anunciado en el Pleno del Congreso de este miércoles que su grupo parlamentario ha solicitado la creación de esta comisión de investigación "para saber si el dinero puesto por el Estado español que está pagando y avalando a esta aerolínea va a acabar en las cuentas de Podemos".

Los populares registraron el martes esta solicitud que verá la Mesa del Congreso la próxima semana y que pide esclarecer las ayudas que ha recibido Plus Ultra a través del Fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas de la SEPI.

Del mismo modo, el grupo azul recuerda en su solicitud que el Real Decreto, que contemplaba ese fondo de 10.000 millones de euros, establecía que el dinero público debía dirigirse a empresas viables y que redundaran en el beneficio de los contribuyentes y del país, y puntualiza que los requisitos para poder acceder al fondo deben ser validados por la SEPI.

Entre estos requisitos, además de ser una empresa viable a medio y largo plazo, se establece que la pérdida de ingresos haya sido provocada por caída económica derivada de la pandemia y que no estuviera en crisis a 31 de diciembre de 2019. De esta forma, los populares resaltan que se trata de una empresa española con gran peso de capital venezolano y panameño, y que no cumple con los requisitos para poder obtener ayudas públicas, puesto que "no es estratégica".

Para ello, argumenta que ha tenido pérdidas todos los años y no ha generado beneficios desde que obtuvo su certificado de operador aéreo en 2015, así como que en 2019 tenía un patrimonio neto inferior al 50 % del capital social de la empresa, lo que era causa de disolución, que finalmente se evitó por un préstamo de 6,3 millones de una entidad panameña. Además incide en que las rutas que ocupa ya estaban cubiertas por Iberia, Air Europa y Avianca.

La comisión de investigación pide que la SEPI aporte toda la documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos de Plus Ultra para acceder al fondo y el PP solicita la revocación de los 53 millones que ha recibido para su rescate.

Tanto el PP como Ciudadanos consideran un "escándalo" estas ayudas. Por esto mismo, el grupo parlamentario de Ciudadanos también ha registrado este miércoles la petición de comparecencia de la ministra de Economía, Nadia Calviño, de Hacienda, María Jesús Montero, y del ministro de Transportes, José Luis Ábalos.

"Para que expliquen qué criterio han seguido para rescatar a la compañía aérea Plus Ultra, que, como ha señalado la líder del partido, Inés Arrimadas, solo tiene cuatro aviones, una única ruta aérea y no llega al 0,1 % de cuota de mercado", ha señalado la formación naranja. Criticando así un rescate "que ha costado a los españoles 53 millones de euros, para salvar una empresa arruinada".

Los ministerios se desvinculan del rescate de Plus Ultra

Por su parte, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana niega que haya participado "en ningún caso en el rescate" de la aerolínea Plus Ultra, "cuya necesidad determinó la agencia gestora del fondo de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) por su carácter estratégico”.

El departamento que dirige José Luis Ábalos afirma que "la Agencia Española de Seguridad Aérea (AESA) ni emite ni puede emitir informes sobre el carácter estratégico de una compañía, por lo que es rotundamente falso que este informe fuera decisivo ni mucho menos 'el aval decisivo' o 'clave' para el rescate de Plus Ultra".

Y es que la AESA es una agencia independiente que emite de manera "habitual, rutinaria, a demanda y con independencia, informes relativos a su estricto ámbito de responsabilidad", que es exclusivamente al ámbito económico de la garantía de la seguridad operacional.

Por su parte, el Ministerio de Economía también se ha desmarcado de este asunto, y ha subrayado que no ha sido el responsable de otorgar 53 millones a esta empresa.

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