La madre de Gabriel Cruz, el menor asesinado en Almería en 2018 por la pareja de su padre, ha denunciado este lunes que se han difundido en Internet fotos del cuerpo sin vida del niño, tomadas cuando lo encontraron muerto.

La madre del niño Gabriel, indignada: "Han puesto imágenes en Internet de mi hijo cuando lo encontraron muerto"

Patricia Ramírez, visiblemente afectada, ha denunciado que un medio digital publicó hace 20 días una foto de su hijo muerto. "Este periódico, aprovechando que era el aniversario de Gabriel, se creó el día 8 de marzo y cambió su nombre. Para captar adeptos, puso una diciendo, entre otras cosas, que si dolió la muerte de mi hijo, le dieran un like", ha asegurado.

Ramírez ha anunciado medidas legales contra la publicación de la foto. Una conducta que, en principio, estaría prevista por el artículo 197.3 del Código Penal, dentro del título dedicado a los delitos contra la intimidad y el derecho a la propia imagen, ha comentado a 20minutos Rafael Fontán, profesor de Derecho Penal de la Universidad Europea de Madrid.

Tipo penal discutible

Este artículo prevé a los responsables una pena de prisión de dos a cinco años por ese delito.

Sin embargo, Fontán apunta a que se trata de un "tipo penal muy discutido y muy discutible". 

"Se han abierto diligencias en algunas ocasiones por el delito del artículo 197.3, por cesión a terceros de imágenes captadas ilegalmente a través de los medios expresados en el artículo 197.1 [comunicaciones interceptadas, escuchas, grabaciones, etc]", indica el experto. "De forma que se vulnere la intimidad del difunto sin que ello puede estar justificado por el derecho a la transmisión de información veraz".

Si las imágenes a las que hizo referencia la madre de Gabriel hubieran sido extraídas del sumario de la causa, (como probablemente ha sido, pues el cuerpo fue encontrado por los agentes que seguían la pista la asesina confesa, Ana Julia Quezada), la persona que las filtró también podría resultar castigada, apunta Fontán. 

Y es que el artículo 199.1 prevé esas situaciones cuando establece: "El que revelare secretos ajenos, de los que tenga conocimiento por razón de su oficio o sus relaciones laborales, será castigado con la pena de prisión de uno a tres años y multa de seis a doce meses".