El pleno del Tribunal Constitucional ha admitido este martes a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido por el PP contra el real decreto ley de protección de los consumidores vulnerables, que, en opinión de ese partido, ampara y legaliza la okupación de viviendas.

En concreto, el PP recurrió diversos incisos y preceptos del preámbulo y la disposición final primera del Real Decreto-Ley 1/2021, de 19 de enero, de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica, según recuerda el TC este martes. 

Una norma que modificaba el Real Decreto-Ley de 31 de marzo del año pasado por el que se adoptaban medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente a la covid-19.

El pleno del TC ha acordado dar traslado de la demanda y los documentos presentados al Congreso de los Diputados, al Senado y al Gobierno para que puedan personarse en el proceso y formular las alegaciones que consideren convenientes.

Los recurrentes consideran que el citado real decreto-ley incumple el artículo 86.1 de la Constitución y supone una vulneración del derecho a la propiedad y del derecho a la tutela judicial efectiva sin dilaciones indebidas (24.1 CE). De la sentencia que en su día se dicte será ponente el magistrado Cándido Conde-Pumpido.