La fiscal pide cuatro años de prisión y más de 500.000 euros de indemnización para los propietarios del restaurante de Caldes de Malavella (Girona) donde tuvo lugar un accidente mortal con un hinchable hace casi cuatro años. La atracción, que tan solo se sujetaba con dos de los anclajes, salió volando el 7 de mayo del 2017 con siete menores adentro. Una niña de seis años murió.

Según recoge el escrito de calificaciones provisionales, el matrimonio que regentaba el restaurante 'Mas Oller' compró el hinchable más o menos por marzo del 2017. Pagaron unos 3.000 euros. La atracción, con un tobogán en el interior, pesaba unos 120 kilos y medía 5,2 metros de altura. "No presentaba ninguna etiqueta que identificara al fabricante", dice la fiscalía.

El acuerdo entre los dueños del restaurante y el vendedor fue verbal, al igual que las explicaciones que él dio al matrimonio sobre cómo funcionaba el hinchable. La atracción –recoge el ministerio público- "no tenía documentación oficial, manual de instrucciones o normas de seguridad".

La fiscal, además, subraya que el dueño del 'Mas Oller' mostró "una dejadez total" a la hora de comprar el hinchable, porque "no se preocupó" por ninguno de estos extremos. Ni tampoco se informó sobre "las revisiones, licencias o permisos necesarios, normas de seguridad, vigilancia o montaje de la atracción".

El único momento en que el matrimonio solicitó la documentación, dice la fiscal, fue a posteriori del accidente (el 8 de mayo). Pero el ministerio público también dice la que entonces entregó el vendedor "era genérica", y que no se ha podido comprobar si era la que correspondía al hinchable.

Solo dos anclajes

El escrito recoge que el matrimonio montaba la atracción cada fin de semana en una zona verde situada en un lateral del restaurante. El hinchable tenía diez anclajes, cinco en cada lado. Pero de estos, dice la fiscal, solo se sujetaban en tierra los dos que había en la zona posterior. "Nunca se fijaba con los anclajes delanteros", explica el escrito de acusación, recordando que la normativa vigente establece que, como mínimo, este tipo de atracciones se tienen que sujetar con seis fijaciones.

Quien montaba el hinchable era o bien el mismo propietario de 'Mas Oller' o bien dos de sus trabajadores. "Ninguno de ellos tenía formación específica para hacerlo", afirma la fiscalía. Además, añade, cuando había menores jugando con la atracción, "nunca hubo una persona encargada de su supervisión o vigilancia". A todo esto, se suma que "los acusados no solicitaron la preceptiva licencia administrativa para llevar a cabo la actividad".

El accidente

El accidente mortal tuvo lugar el 7 de mayo de 2017, hacia las tres y media de la tarde. Aquel día, un domingo, había siete menores en el interior del hinchable cuando "una ráfaga de aire provocó que se rompieran los dos únicos anclajes que lo sujetaban en tierra" y que la atracción saliera volando. Mientras se deshinchaba, llegó a desplazarse 30 metros, hasta quedar sobre unos árboles.

Una niña de seis años murió. Según fuentes del centro hospitalario donde fue atendida, la pequeña había sufrido politraumatismos y un fuerte traumatismo craneoencefálico. Los otros menores sufrieron heridas de diferente consideración. "El trágico suceso fue consecuencia directa de no haber observado las medidas de montaje, seguridad y supervisión; puesto que de haberlas respetado, no se habrían roto los anclajes", recoge el escrito de calificaciones provisionales.

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Acusados de homicidio por imprudencia grave

Por todo ello, la fiscal dice que el matrimonio mostró "dejadez total" a la hora de comprar el hinchable, que lo montaban sin formación y que tampoco había nadie que vigilara la atracción. Acusa a la pareja de un delito de homicidio por imprudencia grave en concurso con otros seis delitos más de lesiones, también por imprudencia grave.

Así, solicita que se condene los dos dueños del restaurante a cuatro años de prisión para cada uno. En materia de responsabilidad civil, reclama que la pareja y la aseguradora, como responsable civil directa, indemnicen los familiares de las víctimas con un global de 503.732,25 euros.

La defensa pide la absolución de la mujer

Por su parte, la defensa del matrimonio propietario del 'Mas Oller', encabezada por el letrado Carles Monguilod, también califica los hechos de un delito de homicidio y seis más de lesiones. Pero en este caso, por una imprudencia menos grave. En su escrito, el abogado de los dueños del restaurante subraya también que la mujer "nunca decidió nada en relación al hinchable", porque era quien se encargaba de la parte de cocina y sala.

El marido, por su parte, era quien llevaba toda la zona exterior del restaurante. La defensa explica que el acusado compró el hinchable a un feriante, que era una atracción "fácilmente desmontable" y que, por lo tanto, eran él mismo o uno de los trabajadores quienes lo montaban y deshinchaban.

En su escrito, Monguilod dice que, el día del accidente, la atracción salió proyectada del suelo de manera "inesperada e imprevisible". "La causa que explicaría el trágico accidente fue muy complicada y laboriosa de descubrir; finalmente, se ha ofrecido como causa directa del siniestro la aparición repentina de una ráfaga de aire", dice la defensa.

El abogado recuerda que el propietario del restaurante tenía claro que, si hacía viento, la atracción no tenía que hincharse. Pero admite que tan solo dos de los anclajes que tenía el hinchable –la defensa habla de ocho en total, y no de diez- estaban fijados en el suelo. Por eso, dice que su cliente actuó "de manera negligente" a la hora de decidir no clavar todas las fijaciones del hinchable en el suelo.

La defensa cree que tan solo el dueño del 'Mas Oller' fue responsable de los siete delitos por imprudencia menos grave, y pide que se le apliquen dos atenuantes (una de confesión y colaboración, y otra de dilaciones indebidas) y pide que se le condene a una multa de 1.800 euros. Para la mujer, solicita la absolución.

En materia de responsabilidad civil, Monguilod considera que el propietario del restaurante de Caldes de Malavella y la compañía aseguradora tienen que indemnizar las familias con las cantidades que reclaman las acusaciones particulares (que han emitido escritos similares a los de fiscalía).

MARINA LOPEZ / ACN