Cerca de 50 personas movilizadas por el Sindicat de Llogaters (Sindicato de Inquilinos) han parado este jueves el desahucio de una familia con tres hijos menores en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona). 

La propietaria del piso avisó a los inquilinos de que quería venderlo e inició el proceso judicial para echarlos. Finalmente, la familia entregó 30.000 euros para quedarse el inmueble, pero el proceso en los juzgados siguió su curso. 

La propietaria huyó con el dinero y revendió el piso a un gran tenedor. Todo un periplo que ha dejado a los inquilinos en situación vulnerable, como recoge un informe de los Servicios Sociales emitido durante las últimas horas a instancias del Sindicat de Llogaters. La entidad recuerda que el actual estado de alarma impide la ejecución de desahucios.

"Es vergonzoso que la nueva ley sea insuficiente para detener los desahucios, cuando se supone que debería servir para frenar todo", critica Marlene Meneses, del Sindicat de Llogaters, que lamenta que tenga que ser la acción de los movimientos sociales la que frene casos como el de este jueves en L'Hospitalet. 

Meneses considera que el veto a los desahucios durante el estado de alarma es una "disfraz" anunciado por el Gobierno, "mientras engañan a los contribuyentes y engordan los bolsillos de los fondos buitre y de los grandes tenedores".

Los inquilinos depositaron 30.000 euros como arras

La entidad subraya que el desahucio paralizado en el barrio de la Torrassa de L'Hospitalet es especialmente inusual. La entidad relata que Hind, Saledhine y sus tres hijos viven en este piso de la calle Alegría desde 2011, pero en mayo de 2019 la propietaria les negó la renovación del alquiler porque tenía intención de vender la vivienda. En medio de las negociaciones para poder seguir viviendo en el piso, la propietaria inició el proceso judicial para desahuciarlos.

El Sindicat de Llogaters apunta, sin embargo, que los inquilinos vendieron unas propiedades en su país de origen y consiguieron 30.000 euros que depositaron como arras para poder comprar el inmueble. Con este dinero entregado, la propietaria les garantizó que detendría el proceso judicial anterior y daba por cubierto el alquiler hasta que se acabara de materializar la compra-venta.

A pesar del acuerdo, en julio la mujer huyó con el dinero, y Hind y Salehdine supieron que el piso había sido vendido a Josblama SL, un gran tenedor con inmuebles en diferentes municipios del país. "Tenían un compromiso para poder seguir viviendo aquí, pero ahora se encuentran que el proceso judicial para desahuciarlos sigue adelante con el nuevo propietario, y ellos se han quedado sin dinero", lamentan desde el Sindicato de Inquilinos.

Un recién nacido y dos niños de 6 y 8 años

Una situación que la entidad ha trasladado insistentemente a los Servicios Sociales del Ayuntamiento de L'Hospitalet de Llobregat, que el miércoles por la noche emitió un informe que refleja la vulnerabilidad de esta familia, con un bebé de menos de tres meses, y otros dos hijos, de 6 y 8 años.

El Sindicat de Llogaters asegura que este informe emitido in extremis y la movilización de este jueves en la puerta de la vivienda han sido la clave para detener el desahucio. Hasta el inmueble se han acercado la procuradora y un representante de la propiedad, que han contactado con la comitiva judicial y han acordado posponer el desahucio por segunda vez -el primer aviso fue a mediados de diciembre-.

Según detallaron miembros de la entidad, la orden para echar a los inquilinos ha quedado aplazada hasta abril, pero el colectivo confía en que el juez reconsidere el caso. Piden que el magistrado tenga en cuenta que la familia tiene tres hijos y que ha sido presuntamente estafada en el proceso de compra del piso -que han denunciado a la justicia y sigue un camino paralelo al desahucio-.