Si alguien pensaba que era intocable, se le van acabando los motivos para ello. Las operaciones policiales e imputaciones hechas por jueces a causa de corrupción urbanística han salpicado a 11 de los 100 municipios de la provincia de Málaga desde la década de los 90.

Las irregularidades relacionadas con el ladrillazo afectan al litoral y también al interior. Por ahora los procesamientos sólo han acabado en condenas para un puñado de políticos marbellíes (no por el caso Malaya, que sigue investigándose) el ex alcalde de Cómpeta (PP) y el ex regidor de Gaucín (PA). La mayoría de los juicios está pendiente.

El último asalto es la operación Arcos en Alcaucín. La jueza que investiga los hechos ha prorrogado el arresto de los detenidos el viernes, entre ellos el alcalde, José Manuel Martín (PSOE), más allá de las 72 horas que establece la Ley. Lo justifica en que no ha podido tomar declaración a todos. Tres de las 13 personas apresadas inicialmente han sido liberadas.

El PSOE pide la dimisión de Martín o presentará una moción de censura. El regidor está acusado de cohecho, blanqueo, prevaricación, tráfico de influencias y falsedad. Sus dos hijas, de blanqueo. El PP pide más control urbanístico a la Junta y ésta responde que ha impugnado 27 acuerdos de este Consistorio.

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