Anticorrupción pide 4 años de cárcel para Ignacio González y 6 para López Madrid por las obras del tren de Navalcarnero

Ignacio González llega a la Audiencia Nacional a declarar
Ignacio González, en la Audiencia Nacional.
EUROPA PRESS

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado para el empresario Javier López Madrid una pena de seis años de cárcel por los delitos de cohecho activo y falsedad en documento mercantil, mientras que para el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González pide una pena de cuatro años de prisión por cohecho pasivo y una multa de dos millones de euros, en el marco de la pieza número 3 del caso Lezo, la del tren de Navalcarnero.

En el escrito de conclusiones provisionales del Ministerio Fiscal, al que ha tenido acceso Europa Press, y en el que solicita también la apertura de juicio oral, se pide además cárcel para otras cuatro personas, entre las que están el empresario Adrián de la Joya, para el que se piden tres años y seis meses de cárcel por cohecho activo, e Ildefonso de Miguel, para el que se solicitan cuatro años de cárcel por cohecho pasivo.

Según un auto previo del juez instructor en el que exoneraba al entonces presidente de OHL Juan Miguel Villar Mir, la adjudicación del contrato para la construcción del tren de Navalcarnero obedeció a un plan ideado por Javier López Madrid –consejero dominical de OHL en el momento de los hechos– y Rafael Arturo Martín de Nicolás Cañas –consejero Director General de Construcción Nacional de OHL–, consistente en asegurarse la adjudicación inicial y conseguir la posterior autorización de un modificado contractual con el que compensarían la merma de ingresos que suponía esa oferta.

"Para lograr su propósito ambos investigados destinaron 2,5 millones de dólares –aproximadamente 1,8 millones de euros– al abono de una ilícita comisión entre cuyos beneficiarios se encontraban Ildefonso de Miguel Rodríguez e Ignacio González –presidente del Ente Público Canal de Isabel II entre los años 2003 y 2012 y vicepresidente de la Comunidad de Madrid entre los años 2003 y 2012– a fin de que este último ejerciera su influencia sobre Jesús Trabada, entonces Consejero Delegado de Mintra y, como tal, órgano de contratación de la entidad".

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