Golpe al sistema de inmersión lingüística de la educación catalana. La sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha estimado parcialmente un recurso interpuesto en el 2015 por el Ministerio de Educación durante el mandato de Mariano Rajoy, y ha establecido un mínimo del 25% de la enseñanza en castellano en Cataluña, remarcando que el uso actual es "residual". 

La sala declara la obligación de la Generalitat de adoptar las medidas necesarias para garantizar que todos los alumnos reciban de manera "efectiva e inmediata" la enseñanza mediante la utilización vehicular normal de las dos lenguas oficiales en los porcentajes que se determine, "que no podrán ser inferiores al 25% en uno y otro caso". 

El tribunal remarca que, además de la asignatura de castellano, hay que utilizar en este idioma otra materia no lingüística de carácter troncal.

El castellano, "residual" dentro de las aulas

El Ministerio, a través de la Abogacía del Estado, había presentado un recurso contra varias resoluciones del Departamento de Educación en materia de uso de las lenguas vehiculares en la enseñanza. Todo esto durante el Gobierno de Mariano Rajoy en el 2015.

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En este caso, el tribunal concluye que la documentación aportada y de la prueba practicada "se desprende que, en conjunto, el uso vehicular de la lengua castellana en el sistema de enseñanza de Cataluña es residual, o al menos así es en una parte significativa de centros y grupos docentes". Esto supone, continúa, una "infracción del marco jurídico vigente".

El tribunal constata que corresponde fijar un uso vehicular mínimo de las lenguas oficiales que "permitan enderezar la actual situación contraria al ordenamiento", y fija el mínimo en el 25%, el que implica hacer una asignatura troncal en castellano al margen de la propia de lengua castellana.

Enseñanza bilingüe

El Gobierno del 2015 también reclamaba que se modificaran los impresos de preinscripción escolar para que los padres tuvieran acreditado que el castellano seria vehicular en todos los cursos. La sala desestima esta petición porque considera que con el porcentaje mínimo del 25% ya se estaría cumpliendo el uso de las dos lenguas. 

Además, remarca que el principio de no discriminación de los alumnos por razón de la lengua establecido en el Estatut impone un sistema de una única línea bilingüe, lo que "excluye por su propia naturaleza la libertad de opción por parte de los usuarios". Así pues, el hecho que las inscripciones no incluyan la opción de lengua vehicular no puede ser considerado ilegal.

El Govern recurrirá

Esta obligación que ahora fija el TSJC podría no tener ningún efecto a la práctica. El Departamento de Educación de la Generalitat ha anunciado que la recurrirá ante el Tribunal Supremo. En un apunte en Twitter, el departamento avisó ayer de que la Ley Orgánica de Modificación de la LOE (Lomloe) –también conocida como ley Celaá– "dejará sin efecto" la sentencia cuando entre en vigor.

El Govern recurrirá la sentencia del castellano en la enseñanza y dice que la LOMLOE la "dejará sin efecto"

Educación también ha lamentado que la sentencia haya llegado antes a los medios de comunicación que a ellos mismos, y afirmó que el tribunal "pretende regular la política educativa cuando es competencia del Parlament".

¿Cuánto castellano se habla ahora en clase?

El catalán es la lengua vehicular del grueso de las asignaturas que se imparten en el sistema educativo catalán. Solamente en el caso de las propias asignaturas de lengua castellana y lengua extranjera se utilizan otros idiomas.

¿Es la primera sentencia?

Es la primera vez que el TSJC fija un porcentaje mínimo de castellano para todas las escuelas de Cataluña. No obstante, sí había acordado este 25% para una decena de alumnos cuyas familias habían recurrido a título particular el sistema de inmersión, ya que la actual LOMCE –o Ley Wert– lo permite.

¿Y ahora qué?

El Govern recurrirá la sentencia ante el TS y asegura que no tendrá ningún impacto real gracias a la LOMLOE –o Ley Celáa– , que el actual Gobierno quiere publicar en el BOE antes de que termine el año. La nueva ley elimina el castellano como lengua vehicular y, a ojos de los partidos nacionalistas, blinda la inmersión.