La nueva Ley de Educación ha sido aprobada por el Congreso y ahora deberá superar el trámite en el Senado, donde el Gobierno no descarta que puedan introducirse modificaciones para aplacar las críticas que la nueva norma está recibiendo desde otros partidos y la comunidad educativa. "La ley no está 100% cerrada", han apuntado este lunes fuentes del Ministerio de Educación, que recuerdan que ahora los grupos pueden presentar enmiendas en la Cámara Alta. Las fuentes no han querido precisar si será el PSOEo Unidas Podemos quienes propongan matizar la norma o si los dos socios de la coalición estarían dispuestos a votar a favor de las enmiendas que propongan otros partidos.

Suele ser habitualque el Gobierno se apoye en el grupo parlamentario que lo sustenta –en este caso, en dos, PSOEy Unidas Podemos– para proponer enmiendas o modificaciones a sus propias leyes y también puede propiciar los cambios apoyando iniciativas de otros partidos. Este lunes, Educación no ha querido precisar por qué procedimiento podrían introducirse eventuales cambios, al considerarlo una "injerencia" del Ejecutivo en el Legislativo. En todo caso, queda abierta la puerta a que el Senado introduzca modificaciones en la nueva Ley de Educación, que Gobierno y PSOE han seguido y acusando al PP de "animar a la insumisión" en las comunidades donde gobierna y de difundir "fake news" en torno a la sucesora de la LOMCE.

La ministra de Educación, Isabel Celaá, ha salido al rescate de los puntos que están generando más polémica, sobre la educación concertada y la especial. 

Ha asegurado que es "falaz" que la ley quiera acabar con la educación concertada, aunque sí busca "retirar determinados excesos que han llevado a mejorar de manera absolutamente artificial a la educación concertada frente a la pública". 

También ha insistido en que su ley busca "mejorar los recursos ordinarios" para alumnos de necesidades especiales, por lo que ha aconsejado a las familias "leérsela". Ha defendido, eso sí, que las que quieran puedan llevar a sus hijos con discapacidad a un colegio ordinario, porque "muchas veces no pueden".

Por su parte, la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, ha negado que la nueva Ley de Educación esté "matando al español" por eliminarlo como lengua vehicular en las comunidades con lenguas cooficiales. "Se puede poner en tela de juicio si se va a hacer o no, pero la ley dice muy claramente que se cumplirá con lo que dice la Constitución", ha asegurado.

Críticas al PP

Tanto como en la defensa de la ley, el Gobierno y el PSOE han salido este lunes r al ataque del PP, que promueve entre sus gobiernos autonómicos normativas para suavizar sus efectos.

Tampoco la Conferencia Episcopal se ha librado de los reproches y Celaá ha afeado a los obispos que se estén sumando a las protestas en contra de la ley "en un momento en que se trabaja en una educación concertada no atacada y que se mantiene en la ley, que se está intentando equilibrar más a la educación pública". La ministra ha apuntado que "ya habíamos visto juntas" a las tres fuerzas que protestan –PP , Vox y Cs–, y ha recordado que "terminaron en Colón".

"¿Qué entiende el PP por legalidad, negarse a renovar las instituciones, incumplir leyes que les disgustan o anunciar la insumisión de las comunidades donde gobiernan respecto de la Ley de Educación?", ha criticado el número 3 del PSOEy ministro de Transportes, José Luis Ábalos, que se ha preguntado si esto es "propio de un partido democrático".  "El PP ha demostrado su maestría a la hora de dividir a la sociedad", h dicho.