Hace algo más de un mes y medio que Javier Luengo fue nombrado consejero de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad de la Comunidad de Madrid. El hasta entonces viceconsejero se puso al frente tras la dimisión de Alberto Reyero para seguir trabajando por los derechos de mayores, menores, personas con discapacidad, familias vulnerables... Luengo repasa con 20minutos los cuantiosos asuntos en los que trabaja.
¿Cómo han ido las primeras semanas como consejero?
Ha sido más fácil de lo que me esperaba. Al estar en la consejería como viceconsejero había tratado muchos temas a los que ahora me tengo que enfrentar. Además, el recibimiento que he tenido, tanto por parte del equipo de la consejería como por parte del Gobierno, ha sido muy bueno. Me han apoyado todos para que el camino sea lo más sencillo posible.
Las residencias de mayores sufrieron mucho en la primera ola. ¿Cómo están ahora?
Hay una situación controlada, aunque lo decimos siempre con cautela porque lo que vivimos en marzo y abril fue tremendo. Afortunadamente, ahora tenemos herramientas que nos permiten tomar decisiones rápidas cuando se da un positivo en un centro: tenemos test de antígenos que en 15 minutos revelan si una persona es positiva y un stock de equipos de protección individual de más de 30 días por si hubiera algún problema de desabastecimiento.
En la situación actual, ¿es posible pensar en una flexibilización de los protocolos para Navidad?
La situación que estamos viviendo es de brotes controlados en algunos centros. Queremos seguir bajando la curva y seguir manteniendo casos y brotes muy controlados. Que todo fuera bien nos permitiría, en un futuro ideal por el que estamos trabajando, que en navidades todas las personas que puedan salgan a pasar esos días especiales para todos con sus familias.
¿De qué dependería la medida?
La estrategia que hemos seguido desde hace ya algunos meses es tomar decisiones en base a la situación epidemiológica que hay en la Comunidad de Madrid y también la situación de inmunidad en la que se encuentra cada centro de mayores. Esas dos variables son las que determinan las decisiones que, obviamente, se toman desde el ámbito sanitario.
La consecución de esos objetivos también concierne a la sociedad...
Sí, es un esfuerzo colectivo de todos: bajando la curva, y a la vez con esa inmunidad que puede darse en las residencias, podemos tomar decisiones que sean buenas y un poco más flexibles para nuestros mayores. Llevan muchos meses arrastrando una situación muy dura y complicada, con aislamientos prolongados en muchos casos.
En cuanto a los centros de menores tutelados, ¿ha bajado la presión que sufrían el año pasado?
En otras épocas ha habido alguna situación complicada en cuanto a número de personas en algunos centros, pero ahora mismo la situación es de control. No hay ninguno que esté saturado en cuanto a plazas. En cualquier caso, estamos trabajando en tomar decisiones que permitan, de cara al futuro, hacer la red más flexible, más adaptada a las necesidades de los chicos que atendemos.
¿Por dónde pasan esos cambios?
Una de las cuestiones que queremos poner en marcha son planes vecinales adaptados a cada centro. Estamos trabajando dentro del Consejo Regional de Infancia en una comisión específica para niños, niñas y jóvenes menores extranjeros no acompañados y, desde ahí, ir tomando las decisiones más oportunas.
¿Está habiendo brotes en estos recursos asistenciales?
Ha habido algunos muy controlados, de hecho han sido relativamente escasos. Aun así, hemos querido generar un centro Covid para este colectivo, igual que hemos hecho con las personas sin hogar y los mayores.
¿En qué consiste ese centro?
Se trata de un espacio específico para menores que están en sus centros habituales y, en un momento dado, tienen que pasar una cuarentena. Tienen a su disposición un sitio adaptado con todas las condiciones de atención social, sanitaria y educativa para que puedan seguir haciendo durante esos días de convalecencia su vida normal con todas las condiciones de seguridad. Ya está en funcionamiento.
Se está celebrando la Semana por los Derechos de la Infancia. ¿En qué punto está la reforma de la ley de Infancia?
El trámite que ha pasado es el de audiencia pública. Estamos convencidos de que vamos a llevar esa tramitación legislativa adelante y esperamos contar con el apoyo de los grupos parlamentarios. Creemos que es una ley que requiere una modernización, ha habido unos cambios normativos a nivel estatal en 2015 y queremos ser una de las primeras comunidades que actualicen la ley autonómica.
La llegada del Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha reducido el número de perceptores de la Renta Mínima de Inserción (RMI). ¿Dónde van a ir los fondos que se ahorran?
Las personas que estaban percibiendo la RMI se han visto obligadas a tramitar el IMV. Como consecuencia, ha descendido en torno a 4.500 el número de perceptores de la RMI de la Comunidad. Nuestra vocación, y el compromiso de esta consejería y de este gobierno, es que todos los recursos que se utilizan para los más desfavorecidos se sigan utilizando. No se va a detraer ni un solo euro de aquellas personas que más lo necesitan.
La Asamblea les instó a subir la RMI a 739 euros. ¿Darán curso a la iniciativa?
Las peticiones de la Asamblea, y sobre todo las que son aprobadas, intentamos tenerlas en cuenta. Ahora mismo es una petición que no se valora, pero sí que queremos reformar, y además es uno de los proyectos de esta legislatura, la RMI.
El parlamento regional también pidió que se modificara la ley para hacer accesibles todos los edificios residenciales. ¿El Gobierno trabajará para agilizar los cambios?
Desde nuestro Gobierno autonómico y también desde la Asamblea tenemos la obligación de instar al Gobierno central para que se produzcan esas modificaciones. Las personas con discapacidad llevan muchos años luchando para que se realicen porque les permitirán tener una serie de derechos en igualdad de condiciones que el resto.
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