La Fiscalía del Tribunal Supremo está investigando el acuerdo adoptado por la Conferencia Sectorial de Educación del pasado abril que permitía pasar de curso con suspensos, y ha solicitado al ministerio que dirige Isabel Celaá el expediente administrativo vinculado a dicha decisión.

El ministerio fiscal ha abierto diligencias de investigación a raíz de la denuncia de un particular contra la ministra de Educación, donde se ponía de manifiesto que dicha decisión podría haber constituido un presunto delito de prevaricación, según ha adelantado El Mundo e informan a Efe fuentes jurídicas.

Tras recibir dicha denuncia y estudiarla la Secretaría Técnica de la Fiscalía, el ministerio fiscal decidió abrir diligencias para esclarecer los hechos y ha solicitado recientemente a Educación todo el expediente administrativo para saber cómo se adoptó dicho acuerdo y por qué razones, explican las fuentes consultadas.

La Fiscalía se encuentra actualmente a la espera de recibir la documentación solicitada y tras estudiarla, añaden las fuentes, se comprobará si se ha incurrido en alguna conducta que pudiese ser constitutiva de delito. El denunciante llevó los hechos a la Fiscalía al considerar que el acuerdo podría haberse adoptado por un órgano que no tenía competencias para ello, la citada conferencia sectorial de Educación.

Fue el pasado abril cuando Educación pidió a las comunidades autónomas que flexibilizaran "de forma excepcional" por la pandemia los criterios para pasar curso en todos los niveles de Educación Primaria, Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional y que "no tengan en cuenta limitaciones que afecten" al número de suspensos.

Así se contempló después en la Orden del Ministerio de Educación, publicada el 24 de abril en el Boletín Oficial del Estado (BOE), con directrices para el fin de curso 2019-2020 y el inicio del 2020-2021. Se eliminan los límites de suspensos que establece la Lomce para promocionar y para titular en cuarto de la ESO (dos máximo sin que sean a la vez matemáticas y lengua) o Bachillerato (cero). La orden fue suscrita por la mayoría de comunidades, excepto Madrid, Andalucía, Murcia, Castilla-León y País Vasco.

Celaá ha sostenido en numerosas ocasiones que es "falso" que se pueda titular en Secundaria y Bachillerato con suspensos sino que será una decisión colegiada del centro. Pero la medida es criticada por partidos de la oposición como PP, Ciudadanos y Vox y diversos sindicatos y colectivos de la comunidad educativa.