El Gobierno admite que la situación actual en España por la segunda ola de la pandemia por coronavirus es “grave y excepcional” y con unos altos niveles de contagios que "vuelven a tensionar el sistema sanitario". Así lo reconoce en el preámbulo del real decreto por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de las infecciones que aprobó este domingo con carácter extraordinario el Consejo de Ministros.

El estado de alarma permite prohibir manifestaciones si no se garantiza la distancia personal

En el texto, que firma la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, el Ejecutivo justifica la toma "urgente de medidas de control que eviten cualquier impacto negativo de esta situación sobre la atención sanitaria de otras patologías diferentes a la Covid-19, previniendo desde un primer momento cualquier riesgo de potencial colapso del sistema asistencial”. Lo hace tras repasar que las últimas cifras de contagios de este virus hablan de 349 casos por cada 100.000 habitantes, "muy por encima de los 60 que marca el umbral de alto riesgo de acuerdo a los criterios del Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades".

En la actualidad, según señala el Gobierno en el documento normativo, la ocupación media en España de camas de hospitalización por Covid-19 supera ya el 12%, con máximos por encima del 20% en algunas comunidades autónomas. La ocupación media de camas de Unidades de Cuidados Intensivos es del 22,48%, superando en algún caso el 60%. Por ello, consideran que "para hacer frente a esta situación, grave y excepcional, es indispensable proceder a la declaración del estado de alarma".

Estas medidas son las imprescindibles para hacer frente a la situación y resultan proporcionadas a la extrema gravedad

El Gobierno que preside Pedro Sánchez entiende que las medidas del real decreto son "las imprescindibles para hacer frente a la situación, resultan proporcionadas a la extrema gravedad de la misma y no suponen la suspensión de ningún derecho fundamental".

En esta ocasión, el Ejecutivo deja en manos de las comunidades la adopción de las restricciones que consideren oportunas. Establece la prohibición de circular entre las 23.00 y las 6.00 de la mañana, aunque las autonomías podrán adelantar o atrasar una hora esa franja.

En cumplimiento de la Constitución, el Gobierno decreta el estado de alarma por quince días, con "una respuesta inmediata, ajustada y proporcional", en un marco de cogobernanza, pero considera que ese tiempo "necesariamente deberá ser superior" y considera "imprescindible prorrogar esta norma por un periodo estimado de seis meses".