El Gobierno y los sindicatos de la función pública negocian un real decreto ley que deberá cifrar a cuánto ascenderá la oferta de empleo público para este año y en él Ejecutivo quiere reducir en más de un 35% las plazas, tanto las de libre acceso como las de promoción interna en comparación con 2019.

Representantes del Ministerio de Política Territorial y Función Pública se han reunido este miércoles con CSI-F, CCOO y UGT para trasladarles una propuesta que contempla 7.066 nuevas plazas de acceso libre y 6.247 plazas destinadas a la promoción interna. Estas cifras suponen un recorte de 37% plazas libres para el año que viene, porque en 2019 se crearon 11.338 y un 32,3% menos para promoción interna, que el año pasado fue de 8.350.

Los sindicatos han rechazado esta reducción y las partes se han emplazado a volver a reunirse el lunes que viene para intentar llegar a un acuerdo sobre el decreto ley que debe aprobar en el último Consejo de Ministros de este mes de octubre.

El CSI-F, sindicato mayoritario, denuncia que con la propuesta del Gobierno se “pone en peligro la viabilidad” de una Administración Pública saturada en algunos de sus servicios, como el Sistema Público de Empleo Estatal (SEPE) o la Seguridad Social, debido a que son los que tienen que gestionar los ERTE por la Covid o el recién creado Ingreso Mínimo Vital.

También en relación con la pandemia, los representantes de CSI-F han pedido que los 800.000 empleos que el presidente, Pedro Sánchez, prometió la semana pasada que se crearán hasta 2023 gracias a los fondos europeos tengan también un reflejo en la función pública.