El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el anteproyecto de ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal que prohíbe "por ley" las amnistías fiscales y, entre otras medidas, rebaja desde un millón hasta los 600.000 el umbral de deuda que hará que un contribuyente figure en la lista de morosos de Hacienda. 

Sin embargo, con esta ley el Gobierno hace 'tabula rasa'. Prohíbe las amnistías fiscales como una enmienda a la que realizó el Gobierno de Mariano Rajoy , pero no publicará la identidad de las personas que entonces se beneficiaron de ella. Según la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la Abogacía del Estado no lo permite porque entonces las regularizaciones fiscales se hicieron bajo condición de "anonimato".

Enfocado a grandes contribuyentes

 Montero ha presentado el anteproyecto de ley que "pone el foco" en los grandes contribuyentes, los grandes patrimonios y multinacionales digitales y "en las formas de fraude más complejas" y "sofisticadas" y la Agencia Tributaria persigue a través de su unidad de grandes contribuyentes. El Gobierno quiere recaudar cada año 800 millones más cuando se pongan en marcha las medidas que contempla.

Una de de ellas consiste en rebajar de 2.500 a 1.000 euros la cantidad máxima que las empresas y los profesionales podrán pagar en metálico en el ejercicio de su actividad. Para los particulares, la cantidad se mantiene en 2.500 euros, aunque Montero ha apuntado que la intención del Gobierno ir reduciéndolo a su "mínima expresión".

Además, se establecerá una mayor control sobre las criptomonedas, dentro de España y también en el extranjero cuando su manejo afecte a contribuyentes nacionales. Hacienda quiere que se informe sobre el saldo y los titulares de estas monedas, así como de las operaciones de adquisición, cobro y pago que se realiza con las mismas.

Especialmente dirigido a las grandes empresas, se prohibirá el software de doble uso que las grandes compañías utilizan "para hacer doble contabilidad" y que permite manipularla. Habrá multas tanto para quienes los fabrican como para quienes lo utilizan sin tener la certificación adecuada.