La negociación entre los socios de la coalición del borrador de los Presupuestos de 2021 está a punto de terminar pero los tira y afloja continúan hasta el último momento. Dos de ellos tienen que ver con los intentos del Ministerio de Hacienda de limitar el alcance de la subida del IRPF a las rentas más altas y plasmar en las Cuentas algo estaba descartado hasta hace nada, una subida del IVA que en este caso afectaría a servicios profesionales sanitarios y educativos. A lo primero se opone abiertamente Unidas Podemos, que habría hecho que la ministra, María Jesús Montero, abandonara la idea. Por otra parte, en los últimos días han surgido las críticas desde el sector empresarial a que el IVA de la sanidad y la educación privadas se eleve al 21%.

El Gobierno se inclina por limitar la subida fiscal de los Presupuestos al IRPF a partir de 130.000 euros

La subida del IRPF a las rentas más altas es una de las medidas que figura en la reforma fiscal que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias firmaron en su pacto de coalición y quizá la única que se salve en unos Presupuestos de 2021, en los que el presidente del Gobierno ha abandonado aplicar todas las subidas previstas –también del Impuesto de Sociedades o sobre productos e ahorro– debido a la crisis económica que ha provocado la pandemia. Aunque fuentes cercanas a la negociación deslizan que aún podría haber alguna otra "sorpresa" de tipo fiscal, la única subida de impuestos segura será la del IRPF a las rentas más altas. Sin embargo, en los últimos días ha resurgido una discrepancia entre Montero y el negociador de Unidas Podemos, el secretaro de Estado de Asuntos Sociales, Nacho Álvarez. Tiene que ver con cuánta gente se verá afectada por la subida y, por tanto, con cuánto se podrá recaudar por IRPF.

Montero ha intentado que la subida solo afecte a quienes ganen de 150.000 euros al año, en lugar de a partir de 130.000, la cifra que contempla el acuerdo de coalición. De esa manera, solo un 0,5% de los contribuyentes notaría la subida. En concreto, 91.377 personas, según cálculos del sindicatos de técnicos de Hacienda, Gestha.

Las discrepancias sobre a partir de cuánta renta subir el IRPF no son nuevas entre Montero y Unidas Podemos. Ya se produjeron en 2019 cuando socialistas y morados negociaban el acuerdo de coalición. Ya entonces, la ministra de Hacienda peleó por que fuera efectiva a partir de 150.000 euros o, a sumo, de 140.000. Al final, en el documento programático del Gobierno figura una subida a partir de 130.000 euros, que es la que previsiblemente figurará en el borrador de Presupuestos que ultima el Ejecutivo.

Junto con limitar el alcance de la subida del IRPF, Montero trata en el tramo final de la negociación con Unidas Podemos de subir un impuesto que hasta hace poco se negaba que fuera a tocarse. Ahora plantea que el IVA de los servicios sanitarios y de educación privada dejen de tener un tipo reducido y tributen al 21%. Montero seguiría así alguna de las recomendaciones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), que recomendó eliminar las exenciones y las reducciones fiscales de ciertas actividades.

La idea tiene detractores dentro de la coalición, al considerar que podría terminar afectando a la sanidad y la educación públicas. Por ejemplo, un encarecimiento de las pruebas médicas en clínicas privadas podría provocar una saturación aún mayor en la sanidad pública, ya de por sí estresada a causa de la pandemia.

El sector también se opone a gravar con un 21% el IVA actividades como fisioterapeutas, podólogos, médicos, odontólogos, logopedas y educadores. "Aumentará el gasto público, la economía sumergida y ahogará a muchos autónomos", advirtió hace unos días el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos, Lorenzo Amor, que apuntó que estos profesionales "desarrollan actividades que son servicios esenciales". "No son momentos de subir impuestos ni de gravar con IVA actividades que hasta ahora estaban exentas, ni podemos prescindir de ningún profesional en el ámbito de la salud en medio de una pandemia".

Asociaciones representantivas de colegios privados y academias de enseñanza se han unido para denunciar que esta subida del IVA "podría llegara suponer la desaparición del sector" de la educación privada, ya que provocará un "encarecimiento insoportable de este servicio".

Proceso retrasado

La subida del IRPF y del IVA a la educación y la sanidad privada se comprobará definitivamente en el borrador de Presupuestos que Sánchez e Iglesias presentarán en una fecha que todavía está por determinar. En principio, iba a ser antes de que terminara septiembre y de momento no está claro si será esta semana o, incluso, se postergará aún a la que viene.

El acuerdo entre los socios de la coalición acusa el mismo retraso que registra este año todo el proceso presupuestario. El miércoles pasado, 30 de septiembre, expiró el plazo que contempla la Constitución para que el Gobierno presente en el Congreso el proyecto de ley de Presupuestos que todavía no ha aprobado el Consejo de Ministros. 

En este sentido, Montero ya asume que tampoco este año las Cuentas entrarán en vigor en la fecha ordinaria, el 1 de enero. Los Presupuestos vigentes, los del ministro de PP Cristóbal Montoro para 2018, aún se aplicarán cuando empiece 2021. Según Montero, será una “prórroga técnica” que espera que no dure más que unas semanas en enero.

Montero suspende los límites fiscales: no fijará objetivo de déficit, las comunidades podrán endeudarse y los ayuntamientos gastar sus ahorros

Con todo, esta semana el proceso presupuestario dará nuevos pasos. La ministra se se reúne este lunes con los consejeros autonómicos de Hacienda en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Dado que el Gobierno ha levantado para 2021 todos los límites al gasto público y Montero no presentará una senda de déficit, la ministra planteará a las comunidades una "tasa de referencia" del déficit a la que deberán ceñirse los gobiernos autonómicos en sus presupuestos.

Un día después, el martes, es probable que el Consejo de Ministros apruebe el techo de gasto, que deberá debatir después el Congreso. No se votará porque la votación debería haberse planteado en relación a la senda de déficit que Montero no llevará en esta ocasión, debido, explicó, a que la Comisión Europea ha suspendido la aplicación de la regla de gasto también para 2021.