Desokupa, Desokupamos, Desokupa Exprés, Fueraokupas... en los últimos años han proliferado las empresas dedicadas a recuperar viviendas okupadas para devolvérselas a sus legítimos propietarios.
Su actividad, sin embargo, ha sido muchas veces puesta en entredicho por utilizar presuntamente técnicas de coacción o intimidación contra los inquilinos ilegales.
Y aunque es cierto que algunas de esas empresas se publicitan ellas mismas en internet como auténticos comandos de boxeadores musculosos, lo cierto es que también las hay que apuestan por una imagen más conciliadora y dicen utilizar la negociación y la mediación como herramientas para conseguir el mismo objetivo: expulsar a los okupas.
"Intentamos hacerlo siempre de una forma cordial, hablando con los okupas, y por regla general resolvemos los casos de manera amistosa. Lo realmente complicado de este negocio es hacerlo bien, que el okupa salga bien, que tú no tengas problemas con el okupa y que el propietario tampoco los tenga", cuenta Jaime Sanz, fundador de Desokupación Legal, que lleva realizados más de 2.500 desalojos.
"Por regla general resolvemos los casos de manera amistosa. Lo complicado de este negocio es hacerlo bien"
Eso no quita, por supuesto, que los mediadores sean muchas veces aficionados al gimnasio. "Nunca sabemos cómo nos van a recibir. Nos hemos encontrado de todo en los inmuebles: casos de prostitución, tráfico de drogas, okupas agresivos... tengo un compañero al que casi le cortan un brazo con un machete, cerca de Madrid. La mayoría de veces todo sale bien, pero hay veces que no y por eso hace falta tomar precauciones", asegura Sanz, que participa personalmente en casi todos los operativos de su empresa.
"Nosotros contamos con un departamento jurídico formado por cuatro abogados y lo que hacemos es formar a los mediadores que van a ir a las casas. No se puede llamar a una puerta de cualquier forma, ni entrar a una vivienda como un elefante en una cacharrería", explica Salvador Palazón, empresario de 47 años que en 2018 creó la empresa Desokupa Exprés, con una media de 20 desalojos al mes.
Esos mediadores, dice Palazón, suelen ser "estudiantes universitarios" contratados para tal fin, pero admite que en muchos casos son también de constitución corpulenta. "No son gente imponente que dé miedo, son gente fuerte, que le gusta el gimnasio y el deporte, y que, además, saben hablar muy bien, tienen una gran capacidad de convicción, pero siempre verbalmente".
"No usamos a gente imponente que dé miedo, sino a gente fuerte, que le gusta el deporte y que además saben hablar bien"
Ambas empresas de desokupación coinciden en que nunca ofrecen dinero a los okupas para que abandonen un inmueble. "Eso sería fomentar la okupación y nosotros nos dedicamos a desalojar viviendas", subraya Palazón.
Si sus empleados comprueban que los okupas "son realmente personas necesitadas", entonces contactan "con los servicios sociales o casas de acogida" para intentar ofrecerles una alternativa de alojamiento. "En esos casos es un trabajo un poco más humanitario el que hacemos", dice el responsable de Desokupa Exprés.
El control de acceso
Cuando la negociación no ha funcionado, se pasa a un plan B que consiste en montar un control de acceso en la puerta del inmueble. La técnica es muy sencilla: uno o varios vigilantes controlan todas las entradas y salidas del edificio okupado; cuando los okupas salen de la vivienda y tratan de volver a entrar, se les impide el acceso.
Palazón defiende que esos operativos son totalmente legales: "Pedimos autorización a la comunidad de propietarios, a la Policía Nacional y pagamos las tasas necesarias. Una comunidad de vecinos puede perfectamente contratar un servicio de seguridad privada, como lo puede contratar una discoteca o cualquier recinto privado".
"En nuestros operativos utilizamos vigilantes uniformados de una empresa de seguridad, apoyados por auxiliares de Desokupa Exprés. El vigilante tiene una lista de todos los inquilinos y personas que pueden entrar al edificio y como en la lista no figuran los okupas pues no se les deja entrar", asegura.
En Deskoupación Legal utilizan también "perros adiestrados" en esos controles de acceso como "mecanismo de defensa" para el vigilante: "Nosotros contratamos vigilantes titulados de una empresa de seguridad, dados de alta en el Ministerio del Interior y en la Dirección General de Policía. El vigilante deja entrar a las personas que la propiedad o la comunidad de vecinos quiere, como ocurre con los controles de acceso que hay en la mayoría de oficinas con seguridad privada".
"Si hay resistencia o forcejeos, el vigilante puede perfectamente actuar e inmovilizar al agresor y esperar a que acudan los cuerpos de seguridad del estado. Un vigilante de seguridad titulado puede hacerlo porque esta preparado para ello", añade.
Jaime Sanz detalla que sus trabajadores siempre llevan cámaras de vídeo para grabar todas las desokupaciones y evitar falsas acusaciones por parte de los okupas: "Grabamos absolutamente todo el proceso por nuestra seguridad porque muchas veces los okupas tienden a inventarse cosas. Las cámaras son para que quede constancia de que nosotros no vamos a amenazar ni a molestar a nadie, sino a mediar entre la propiedad y los usurpadores de la vivienda".
La okupación del okupa
José Ramón Felipe Condés, del despacho JR Abogados, con amplia experiencia en okupaciones y desahucios, confirma que estas empresas de desokupación han proliferando mucho en los últimos años porque se trata "de un negocio muy lucrativo" pues pueden cobrar entre 2.000 y 4.000 euros por un servicio, que muchas veces es muy rápido.
"Cuando a unos okupas se le presentan dos o tres tíos musculados con un rottweiler y les dicen que se tienen que ir, pues la mayoría de las veces acaban yéndose porque no es una situación agradable", explica.
Condés también sostiene que estas empresas han ido evolucionando con el tiempo y la fuerza bruta ha dejado paso a técnicas más refinadas: "Yo he visto con mis propios ojos a okupas salir volando por una ventana, pero es cierto que se están especializando cada vez más y afinando sus métodos de trabajo. Cuentan con equipos de abogados y el modus operandi es más o menos el mismo. La coacción que se produce suele ser velada y no la van a admitir en una entrevista. Suelen jugar con el límite legal".
"Yo he visto con mis propios ojos a okupas salir volando por una ventana"
Y en esa frontera legal se sitúan los controles de acceso que montan en la puerta de los inmuebles. "Yo no conozco ningún artículo que prohíba montar un control de acceso en una propiedad privada y en la normativa española lo que no está prohibido quizás pueda estar permitido. Estamos hablando de alegalidad. No es ilegal, es alegal".
Condés apunta, además, que se está produciendo un fenómeno curioso que define como "la okupación del okupado" y que consiste en que, en ocasiones, estas empresas utilizan contra los okupas sus mismas armas.
"Cuando el okupa sale de casa a hacer la compra y trata de volver a entrar se encuentra con que unos musculosos han okupado su vivienda y le han quitado todos sus enseres, que ya no se los van a devolver. Se entra ahí en una complejidad jurídica muy grande para el okupa porque si demanda al musculoso no tiene ningún título habilitante para mostrar ante el juez".
Una anomalía jurídica
En JR Abogados apuntan que el incremento de este tipo de empresas se produce también porque "hay una anomalía" en las leyes españolas: "Se trata del artículo 245.2 del Código Penal, que castiga la okupación, y digo castiga con retintín, con una multa de 3 a 6 meses. Ese artículo es una incitación a delinquir. Si la gente supiera que desvalijar un cajero automático tiene una multa de 3 a 6 meses pues en este momento no habría ningún cajero en la calle con dinero".
Y pide una reforma urgente: "Habría que organizar ese artículo para ponerlo en consonancia con lo que ocurre en países de nuestro entorno. Salvo Portugal, casi todos tienen penas de prisión para la usurpación de inmuebles. Solo el efecto disuasorio que tendría entre la población reduciría el problema de las okupaciones y este tipo de empresas también tenderían a desaparecer".
"Salvo Portugal, casi todos los países de nuestro entorno tienen penas de prisión para la usurpación de inmuebles"
No obstante, también reclama más inversión para poder agilizar la justicia: "De nada sirve cambiar leyes si no se mete dinero en la administración. Se tarda demasiado en devolverle una vivienda a su propietario porque la administración de justicia tiene que atender cientos de miles de demandas de todo tipo. Los okupas siempre intentan que el caso se judicialice porque así se entra en plazos muy largos y eso es el caldo de cultivo para que estas empresas proliferen".
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