Cinco días después de que el Congreso tumbara el decreto sobre los fondos de los ayuntamientos, el Ministerio de Hacienda ha anunciado este lunes que en las próximas semanas impulsará otro con “medidas más urgentes” para que los ayuntamientos puedan tener ya desde este año recursos extra para hacer frente a los gastos ocasionados con la Covid. El nuevo decreto contempla la suspensión de la regla de gasto en 2020 y otra serie de medidas que reportarán a los ayuntamientos una liquidez de 3.000 millones pero no entra en la cuestión clave que llevan meses reclamando los alcaldes, poder utilizar sus ahorros, unos 28.000 millones en total, de los que están disponibles unos 16.000

Estos recursos se pondrán al alcance de los ayuntamientos mediante la suspensión de la regla de gasto en 2020, algo que hasta ahora la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguraba que no era posible hacer. Se trata de toda una rectificación con respecto al decreto anterior que este lunes ha reconocido la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, que no ha querido entrar a valorar si el cambio se debe a la presión de los alcaldes socialistas que también estaban descontentos con la propuesta de Hacienda que tumbó el Congreso el jueves. "Errar es de sabios", ha dicho en rueda de prensa desde Ferraz.

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De esta manera, Montero ha dado marcha atrás y ahora sí permitirá a alcaldes utilizar el superávit de 2020 pero sigue sin dar respuesta al desbloqueo de los remanentes, de los ahorros municipales. Según ha dicho Narbona, la ministra está abierta a escuchar propuestas de los grupos para incorporar al texto final del decreto.

“El nuevo Real Decreto-ley no adoptará medidas relativas a los remanentes de tesorería de los ayuntamientos al ser un punto el que ha evidenciado una falta de consenso por parte de los diferentes grupos políticos en el Congreso”, explica Hacienda sobre el nuevo decreto, descartando así que los alcaldes puedan acceder a ahorros generados antes del superávit de 2019.

Esta ha sido una reclamación casi unánime entre los partidos políticos, que en los últimos meses se ha reflejado en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y en el Congreso. Allí, partidos de muy distinto signo reclaman a Montero poder hacer uso de los ahorros que hay en las arcas municipales.Los partidos de izquierda reclaman que deje de aplicarse la Ley de Estabilidad Presupuestaria del PP, que prohíbe a los ayuntamientos utilizar sus remanentes más que para amortizar deuda, no para hacer inversiones. Los alcaldes conservadores se incluyen entre quienes reclaman a Hacienda un fondo de ayuda los ayuntamientos -tanto si tienen ahorros como si no- que no esté condicionado al préstamo previo de sus remanentes que Hacienda pretendía con el primer decreto.

Montero ofrece suspender la regla de gasto para el año 2020 y prorrogar para este año el uso del superávit de 2019 para financiar inversiones financieramente sostenibles. “Con carácter excepcional” también podrán hacerlo las diputaciones forales y los cabildos insulares Hacienda calcula que esto permitirá a los alcaldes contar con 987 millones. A cambio de su apoyo al primer decreto, en agosto la ministra ofreció en el Congreso suspender la regla de gasto en 2021. En este nuevo segundo decreto, no se especifica así. Hacienda “permitirá concluir en 2021 los proyectos iniciados en 2019 y que se esté financiado con el superavit de 2018”, lo que reportará otros 621 millones, según calcula el Gobierno.

Los 3.000 millones que el segundo real decreto pondrá a disposición de los alcaldes se completan con otros 1.500 millones de las entregas a cuenta del sistema de financiación local. “Hacienda está comprometida en habilitar las entregas a cuenta y la liquidación del sistema de financiación local”.

Ayuntamientos con problemas

La suspensión de la regla de gasto en 2020 beneficiará solo a ayuntamientos que tengan superávit en sus cuentas. Por eso, el decreto contempla también ofrecer “mejores condiciones financieras a los ayuntamientos con problemas”.

Según ha informado Hacienda, ayuntamientos y diputaciones en riesgo financiero podrán pagar sus deudas con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social con recursos del Fondo de Ordenación y se les permitirá cancelar sus deudas del Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores acudiendo a préstamos con entidades de crédito.

Para las entidades locales que tengan problemas de solvencia se posibilita la consolidación de deuda a corto plazo en deuda a largo plazo para aligerar las tensiones de tesorería.