"Este Gobierno ha priorizado la propaganda, creando una nueva ayuda, totalmente electoralista, que lo único que está haciendo es ralentizar el proceso y perjudicar a las familias más vulnerables", ha criticado España y ha advertido de que "Andalucía, como otras comunidades, ya tenía implementada la Renta Mínima de Inserción Social, de manera que el Gobierno sólo tenía que inyectar dinero a las autonomías para garantizar una tramitación ágil en este momento crítico".

Asimismo, la dirigente 'popular' ha reprochado al Ejecutivo que "en tres meses apenas ha tramitado el diez por ciento de los expedientes recibidos en Málaga, resolviendo unas 4.000 solicitudes de las más de 41.000 recibidas", alertando, en este punto, de que "nueve de cada diez peticiones atendidas han sido denegadas, de manera que apenas el uno por ciento de las familias han visto aprobada esta ayuda a día de hoy".

España ha informado de que "desde el grupo 'popular' en el Congreso hemos registrado la petición de comparecencia del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, para que explique de manera urgente primero, por qué no han previsto el colapso administrativo que ha supuesto esta ayuda y, segundo, qué medidas piensa adoptar para resolver esta inaceptable situación".

"El Gobierno debe rendir cuentas en el Congreso sobre esta situación, que ha puesto en jaque a las oficinas de la Seguridad Social, que se encuentran totalmente colapsadas y, lo que es peor, sin poder ofrecer una pronta respuesta a las familias más vulnerables ante la necesidad de requerir documentación y tener que cotejar los datos con otras administraciones", ha dicho.

De igual modo, España ha alertado a través de un comunicado de que "ya han pasado tres meses desde la entrada en vigor de la medida el pasado 1 de junio, de manera que los primeros solicitantes pueden reclamar una respuesta a la Administración, ya que a partir de este plazo el silencio administrativo puede suponer la denegación de la ayuda", ha abundado.

Además, ha incidido en que "este colapso también supone un agravio para los solicitantes, ya que la Ley indica que el cobro retroactivo de este ingreso desde el 1 de junio se aplica únicamente a las solicitudes tramitadas antes del 15 de septiembre".

"Mientras que la propaganda oficial del Gobierno declara que 'no dejaremos a nadie atrás', la realidad es que de las 700.000 solicitudes presentadas en todo el país para recibir el Ingreso Mínimo Vital sólo han sido aprobadas el uno por ciento como consecuencia del colapso administrativo reconocido por el propio ministro, dejando sin ningún ingreso a las personas más vulnerables", ha manifestado la diputada del PP.

Por último, España también ha señalado que "desde el PP reclamamos una explicación y un plan urgente de actuación para atajar esta lamentable situación generada por el Gobierno en el momento más inoportuno".