Tras la agresión, los dos sanitarios tuvieron que ser atendidos en el servicio de Urgencias del Hospital de Urduliz, uno de los cuales ha tenido que cogerse la baja laboral por las secuelas del ataque. Posteriormente, ambos presentaron la correspondiente denuncia por agresión, según han informado fuentes de ESK a Europa Press.

El sindicato ha mostrado su solidaridad a los sanitarios que fueron golpeados y a los que desea su pronta recuperación. Asimismo, ha exigido a la empresa Grup La Pau que implemente medidas para asegurar la seguridad de todo el personal, ya que "con la salud de las personas trabajadoras no se juega".

A juicio de la central sindical, esta crisis está demostrando la "falta de recursos a nivel de Emergencias que existe en Osakidetza, lo que provoca unos niveles de estrés muy altos, obligando a soportar mucha presión". "Es el momento de cambiar y mejorar el modelo actual de Osakidetza Emergentziak, dimensionando correctamente dicho servicio y dotándolo de más recursos", ha instado.

Del mismo modo, considera "urgente" modificar el modelo organizativo, integrando en la red pública a todas las ambulancias de Soporte Vital Básico y Enfermerizadas, que ahora trabajan para empresas privadas, donde las medidas de prevención de riesgos laborales son "claramente insuficientes".

En este sentido, ha recordado que ante los "continuos incumplimientos de los protocolos de seguridad y salud laboral por parte de la empresa Ambuibérica, el pasado 8 de abril ESK interpuso demanda por tutela de derechos fundamentales contra los trabajadores, que el juzgado corroboró el 16 de abril, cuando el TSJPV obligó a la empresa a que con carácter urgente e inmediato, y mientras dure la pandemia, cumpliera los protocolos de vigilancia de coronavirus y se provea a las plantillas de todos los centros de Bizkaia de todos los EPIs".

Según ha destacado, este auto viene a demostrar la "importancia del trabajo desarrollado por el personal de la RTSU y la desprotección que sufre", al tiempo que "pone encima de la mesa la necesidad de revertir la privatización del mismo".

Por último, ha denunciado la "falta de coordinación socio-sanitaria y de recursos socio-sanitarios para atender las necesidades de las personas que sufren enfermedades mentales". "La consecuencia de esta falta de recursos es una atención de urgencia llena de problemas, tanto para las personas trabajadoras como para las personas atendidas", ha indicado.