Los sindicatos claman contra el tapón de solicitudes del 'mínimo vital': solo lo cobra el 0,5% de quienes lo pidieron

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha denunciado este miércoles que la gestión del ingreso mínimo vital (IMV) es "caótica" y que "no lo cobra nadie todavía", por lo que el sindicato va a poner en marcha una plataforma de gestión de reclamaciones que podría llevar a movilizaciones.

Los datos que maneja el sindicato apuntan a que, de las 714.000 solicitudes presentadas, solo se han resuelto 32.629 -4.148 de forma positiva (el 0,5%) y 28.481 han sido rechazadas-, además de las 75.000 reconocidas de oficio a los perceptores de la prestación familiar. No tiene constancia de que nadie lo haya cobrado aún.

"Podríamos decir que no está funcionado", lamenta Álvarez en una entrevista con EFE, al tiempo que califica de "inhumano" que haya personas sin ingresos desde marzo, un problema "insoportable" que relaciona con la saturación de la Administración.

"La situación económica no va a mejorar"

El secretario general ha avanzado que el sindicato creará una plataforma en su página web para que las personas que hayan solicitado la prestación puedan autorizar a UGT a presentar reclamaciones, una vía que también servirá "para organizar a las personas e ir a movilizaciones si es necesario".

Con los rebrotes de coronavirus "la situación económica no va a mejorar en la medida que esperábamos", admite, por lo que insta a adoptar medidas para mantener el tejido productivo y garantizar recursos a los colectivos vulnerables.

Califican de "desastre" la gestión del ingreso

El presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales (ADYGSS), José Manuel Ramírez, ha augurado por su parte "más caos" en la tramitación de las solicitudes del ingreso mínimo vital (IVM), que considera un "desastre" y pide que se simplifiquen los trámites. "El caos es tan terrible que pueden tardar meses y años en resolver las solicitudes", ha dicho.

Ramírez señala que el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha reconocido que la mitad de las solicitudes van a ser denegadas. A su juicio, esto se debe en parte al requisito de presentar el padrón histórico colectivo, que también ha colapsado las secretarías de los ayuntamientos, y a la obligación de que todos los miembros de la unidad familiar estén inscritos en el SEPE.

Además, advierte de que el silencio administrativo es negativo a los tres meses, con lo que los interesados deberán volver a presentar su solicitud. "Se generaría un caos dentro del caos. Esto es un desastre", ha advertido.