La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha rechazado este martes la petición de las defensas de los exmiembros de la Mesa del Parlament procesados por presunta desobediencia al invocar la inviolabilidad parlamentaria.

El presidente de la Sala, Jesús María Barrientos, ha explicado a las partes que descartan la petición y ha señalado que "nadie está por encima de las leyes, tampoco nuestro cuerpo legislativo".

Los magistrados tampoco han aceptado la petición de todas las defensas para expulsar a la Abogacía del Estado de la acusación en el juicio, ya que el proceso parte de la causa por el 1-O en el Tribunal Supremo (TS), donde sí estaba representada.

"Reflejo de la protección de los derechos fundamentales"

"Están protegidos por la inviolabilidad parlamentaria, que entendemos que es un reflejo de la protección de los derechos fundamentales", ha dicho el abogado de Anna Simó (ERC), Raimon Tomàs, también en referencia a los otros acusados en el juicio, Ramona Barrufet, Lluís Corominas, Lluís Guinó (JxSí) y Mireia Boya (CUP).

"No piden inviolabilidad para su persona, piden inviolabilidad para la función que ejercían, que es una función parlamentaria", ha añadido Judit Gené, abogada de los miembros de JxSí, en su intervención.

Todas las defensas se han adherido a este argumento en la fase de cuestiones previas del juicio, que ha empezado la mañana de este martes, y por el que los acusados se enfrentan a una condena de un año y ocho meses de inhabilitación por supuestamente desoír al Tribunal Constitucional (TC) y tramitar leyes favorables al proceso independentista. Además, la Fiscalía también reclama en el escrito de acusación una multa de 30.000 euros para cada uno.

Según el escrito de acusación del Ministerio Público, desde la anterior Mesa del Parlament se permitió la tramitación y facilitar la aprobación "de resoluciones, leyes y normas jurídicas abiertamente inconstitucionales, a modo de cobertura normativa del nuevo Estado que sustituyera a la legalidad democrática vigente".

"No concurre" según la Fiscalía

Al contestar a los argumentos de las defensas, el fiscal, Pedro Ariche, ha defendido la diferencia del voto parlamentario en el pleno al de los miembros de la Mesa: "La expresión de afirmación y opinión a través del voto, no concurre en la actuación de la Mesa, concurre en otros actos".

Considera que la Mesa tiene "una función gubernativa", y ha asegurado que no se les juzga por apoyar o no determinadas leyes, lo que no sería enjuiciable.

Ariche también ha reconocido que la garantía de inviolabilidad de la actuación parlamentaria es un derecho de los diputados, "pero no es un derecho ilimitado y no debe ser transgredido, utilizado contra los derechos a su vez igualmente importantes de otros diputados o una parte de la ciudadanía".

Ha mantenido que "lo contrario sería eliminar la teoría de separación de poderes y afirmar la prevalencia de uno de los poderes del Estado sobre los otros dos".

En la misma línea, la abogada del Estado Beatriz Vizcaíno ha defendido que la inviolabilidad parlamentaria se circunscribe a los votos y opiniones de los diputados al ejercer funciones parlamentarias y "no es absoluta e ilimitada".

Declaraciones de los acusados y de los testigos

Lluís Corominas (JxSí) ha declarado que actuó defendiendo la "autonomía parlamentaria" y que no desoyó las resoluciones del Tribunal Constitucional sobre el proceso soberanista.

"Mi intención siempre fue hacer cumplir lo que establecido por el Reglamento del Parlament de Catalunya y que los grupos y diputados pudieran ejercieran sus derechos en sede parlamentaria", ha añadido, además de asegurar que la Mesa del Parlament no entró a estudiar el fondo de las propuestas que tramitó.

Anna Simó (ERC) ha dicho que, al actuar desde ese cargo, se sentía "obligada a velar por los derechos de los diputados y diputadas". 

Ramona Barrufet (JxSí) ha asegurado que "ni yo ni ningún miembro de la Mesa tuvimos ninguna intención de desobedecer al TC, en ningún momento". "La Mesa debe facilitar el debate en el pleno", ha dicho aludiendo al derecho de expresión de todas las formaciones representadas en la Cámara.

Lluís Guinó (JxSí) ha recordado que "cuando hay pleno, la mesa tiene un papel adjetivo y relativo. El pleno es soberano"

Mireia Boya (CUP) ha asegurado que: "yo no voté la declaración de independencia de forma simbólica aunque después quedara suspendida por el 155".

En cuanto a los testigos, El diputado de Cs en el Congreso José María Espejo-Saavedra ha remarcado que "en el Parlament de Catalunya no se puede votar la independencia" y que "entendíamos que lo que se estaba haciendo no se podía hacer. Se nos decía que el Parlament lo puede votar absolutamente todo".

También ha considerado que el trámite para la aprobación de las leyes de desconexión, en el pleno del 6 y 7 de septiembre de 2017, fue un fraude de ley y un "atropello" a los derechos de la oposición.

Unas 200 personas arropan a los exmiembros de la Mesa del Parlament

Los exmiembros de la Mesa del Parlament del 2017 han entrado a las 09.38 horas en el Palacio de Justicia de Barcelona, sede del TSJC, donde han llegado arropados por una concentración de unas 200 personas y por una comitiva encabezada por el presidente del Parlament, Roger Torrent, y por representantes JxCat, ERC y la CUP, además de las entidades soberanistas.

EUROPA PRESS

El juicio se hará en sesiones de mañana y tarde, empezando a las 10.00 y las 16.00 horas, este martes, miércoles y viernes. La mañana de este martes declararán los cinco acusados y a partir de la tarde empezarán los testigos, con una decena en total previstos en este juicio.

Los testigos del martes son el exletrado mayor del Parlament Antonio Bayona, el secretario general de la Cámara, Xavier Muro; el exsecretario general Pere Sol y el expresidente del Parlament Ernest Benach.

Torra: "Esta mañana cinco demócratas serán juzgados en el TSJC"

El miércoles acudirán la letrada Mercè Arderiu, y los miembros de la CUP Carles Riera, Eulàlia Reguant, Albert Botran y Gabriela Serra. También declararán como testigos el miércoles el exdiputado de CatSíQueEsPot Albano Dante Fachín, el diputado de ERC en el Parlament Ferran Civit y el diputado de Demòcrates Antoni Castellà.

Aplazado desde noviembre

El juicio estaba previsto para el 23 de abril y se aplazó por tercera vez por las restricciones durante el estado de alarma por la pandemia de coronavirus.

Inicialmente estaba señalado para octubre, se suspendió por cuestiones de agenda de los abogados y en noviembre se suspendió otra vez después de que uno de los exmiembros de la Mesa procesados, Joan Josep Nuet -que estuvo en el cargo en su etapa como miembro de SíQueEsPot-, fue elegido diputado de ERC en el Congreso en las últimas elecciones generales, por lo que pasó a ser aforado al Tribunal Supremo (TS) y será juzgado por el alto tribunal.

Ante las nuevas medidas de contención del coronavirus en Barcelona, el viernes la Sala preguntó a las partes si se mantenía el juicio esta semana, y el sábado resolvió hacerlo restringiendo "aún más el acceso a la sala de vistas" para garantizar la distancia entre personas.