La titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, que investiga a delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por un presunto delito de prevaricación administrativa al autorizar la marcha feminista del 8-M en plena expansión de la pandemia, continúa este jueves la ronda de interrogatorios con 15 declaraciones de testigos.

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De hecho, desde las 9.00 horas la magistrada escucha a otros cinco trabajadores de la Delegación del Gobierno: el jefe de Servicio de Seguridad Ciudadana, José Luis Sánchez; el jefe de sección del mismo departamento, Ignacio Ortiz; la auxiliares administrativos del servicio María Lourdes Andrés y María Elena García Díaz; y el jefe del departamento de Prevención y Riesgos Laborales, Ramez Muhzrram Rey.

Tras ellos, y también por la mañana comparecerán tres promotores de manifestaciones Javier Gómez Ochoa, de CC OO Construcción y Servicios; Antonio García Edwards, de 'Anonymus for the voiceless Animal Save'; y Juan Metidieri Izquierdo, presidente de APAG Extremadura ASAJA.

Esta tarde continuarán las declaraciones en los juzgados de Plaza de Castilla, y será el turno de los promotores de otras siete manifestaciones convocadas en marzo a los que supuestamente llamaron funcionarios de la Delegación del Gobierno para instarles a que las suspendieran. Declararán Diana Chnaiker, de la Asociación de Personas Aptas Sin Ayuda de Alquiler; María Teresa Martínez, de Defensa del Sistema Público de Pensiones de Getafe; Pedro Gallego, de la Plataforma de Pensionistas de Alcorcón; Antonio O'Connor, del sindicato CGT Madrid; Luis Concha, del Colectivo de Afectados de Forum Afinsa; Moisés Fernández, de CGT Amazon; y Santiago de la Iglesia, del sindicato Oficios Varios del Sur CGT.

Este miércoles declaró durante más de hora y media Franco, y ante la magistrada apuntó que no recibió indicación o recomendación alguna en el sentido de permitir o prohibir la manifestación del 8 de marzo en Madrid.