Este lunes, la Fiscalía del Tribunal Supremo ha asumido la investigación contra el rey emérito Juan Carlos I por la construcción del llamado AVE a La Meca, la línea ferroviaria de alta velocidad que une Medina con La Meca, en Arabia Saudí.
Este caso tiene su origen en otra causa judicial de los últimos años, la abierta contra el excomisario José Manuel Villarejo, que grabó una conversación en la que se afirmaba que el rey emérito había recibido comisiones ilegales por la adjudicación de esa obra a un consorcio de empresas españolas. Las siguientes son las claves más relevantes del caso.
El AVE
En octubre de 2011, las autoridades saudíes adjudicaron al consorcio Al-Shoula, formado por 12 empresas españolas (Adif, Cobra, Consultrans, Copasa, Dimetronic, Imathia, Inabensa, Ineco, Indra, OHL, Renfe y Talgo), la construcción de la línea de alta velocidad.
Tras una década de trabajos, la línea fue inaugurada en septiembre de 2018. Tiene 35 trenes y una capacidad de 60 millones de pasajeros anuales.
La grabación a Corinna
En junio de 2018 fueron filtrados a varios medios la grabación de una conversación hecha en 2015 entre el excomisario Villarejo y la amiga del rey, Corinna zu Sayn-Wittgenstein, una empresaria alemana que durante un tiempo formó parte del círculo de amistados del monarca y que organizó el safari en Botsuana en el que don Juan Carlos se rompió la cadera en 2012.
En la grabación hecha por Villarejo, Corinna afirmaba, entre otras cosas, que la adjudicación del AVE saudí a empresas españolas había implicado el pago de comisiones ilegales de unos 80 millones de euros, parte de las cuales había recibido el monarca emérito.
También afirmó que había ejercido como testaferro del rey Juan Carlos para la compra de varias propiedades en Marruecos.
La primera investigación
Las revelaciones fueron investigadas en 2018 como pieza separada, llamada Carol, dentro del caso Tándem contra Villarejo (ese proceso tiene unas veinte piezas). La Fiscalía Anticorrupción atribuyó las revelaciones como un intento de presión por parte de Villarejo para lograr su libertad. El juez comenzó en mayo los trámites para juzgar a Villarejo por espionaje en otra pieza de este caso.
En septiembre de ese año, el juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea, siguiendo el criterio de Anticorrupción, archivó esta pieza al no encontrar indicios de delito de descubrimiento y revelación de secretos y cohecho respecto a Villarejo,
Sobre las afirmaciones de Corinna, el juez entendió que podían estar causadas por el resentimiento por la "ruptura de amistad" con el rey Juan Carlos.
Sin embargo, sí vio indicios de delito en las afirmaciones de la empresaria alemana sobre el pago de comisiones en el AVE a La Meca, pero consideró que debían investigarse en una causa independiente al no tener relación con el excomisario.
La investigación de Anticorrupción
El fiscal anticorrupción De Egea remitió toda la documentación sobre este tema a Anticorrupción, y a finales de 2018 esa Fiscalía abrió diligencias para investigar la posible corrupción en la adjudicación.
El Ministerio Público decidió aclarar este asunto pese a que consideraba que los indicios de la "eventual intervención" de Juan Carlos I en el mismo son "extraordinariamente débiles, pues consisten en la mera referencia que hace una persona".
El "regalo" a Corinna
Dentro de sus investigaciones, la Fiscalía Anticorrupción envió a Suiza una comisión rogatoria sobre el posible pago de comisiones ilegales. La Fiscalía del país helvético considera que 100 millones de dólares procedentes del rey saudí Abdul Aziz Al Saud llegaron a una cuenta en Panamá de la Fundación Lucum, gestionada por dos presuntos testaferros del rey Juan Carlos.
Según varios medios, de esos 100 millones, 65 fueron transferidos a una cuenta de Corinna en 2012, poco después del fallido safari en Botsuana. El abogado de la empresaria alemana sostuvo que se había tratado de un regalo "no solicitado", como una forma de "donación para ella y su hijo, con los cuales él se había encariñado".
Según informaciones de medios británicos, el actual monarca, Felipe VI, figuraba como uno de los beneficiarios de la fundación Lucum.
La renuncia a la herencia
Tras revelarse todos estos hechos, el pasado 15 de marzo don Felipe decidió renunciar a cualquier posible herencia proveniente de su padre, al que además quitó la asignación de 194.000 euros que percibía de la Casa Real.
El rey Felipe admitió que en marzo de 2019 tuvo conocimiento de la Fundación Lucum a través de un despacho de abogados y que al mes siguiente manifestó ante notario que había dirigido una carta a su padre para que "si fuera cierta su designación o la de la Princesa de Asturias como beneficiarios de la citada Fundación Lucum, dejara sin efecto tal designación, manifestando igualmente que no aceptaría participación o beneficio alguno en esa entidad".
La investigación en el Supremo
A la vista de estos avances, la Fiscalía Anticorrupción decidió remitir el caso a la Fiscalía del Supremo, pues es este órgano el que se encargaría de investigar al rey Juan Carlos si finalmente aparecieran indicios de corrupción u otros delitos y el caso llegara a los tribunales.
Es por ello que este lunes la Fiscalía del Supremo ha asumido oficialmente la investigación que decidirá si hay o no causa penal.
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