El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este pasado domingo que unos 255.000 ciudadanos recibirán el próximo 26 de junio el Ingreso Mínimo Vital (IMV) destinado a combatir la pobreza severa en nuestro país, lo que beneficiará a 75.000 hogares. El Gobierno prevé que esta ayuda llegará próximamente a unos 850.000 hogares en los que viven alrededor de 2,3 millones de personas, de las que un 30% son menores.
La iniciativa del Ejecutivo de coalición de PSOE y Podemos ha sido aplaudida de forma unánime por todas las organizaciones sociales implicadas en la lucha contra el hambre y la exclusión social.
Cáritas, la entidad social perteneciente a la Iglesia católica que ayuda a casi tres millones de personas al año en España, no ha sido una excepción y ha considerado que la aprobación de este subsidio supone "un paso decisivo en la lucha contra la pobreza severa, que nos dignifica como país al reforzar nuestros sistemas de garantías sociales para las personas excluidas".
Sin embargo, la organización católica ha denunciado los "déficits" que a su juicio tiene la ayuda en cuanto a que deja fuera del sis tema a colectivos vulnerables con los requisitos que plantea. "El ingreso mínimo vital excluye a las personas en situación administrativa irregular, a pesar de que la propia Ley Orgánica de Extranjería reconoce su derecho a acceder a prestaciones sociales básicas", ha señalado Cáritas, que considera este hecho como una "grave omisión". "Son personas que viven, trabajan y contribuyen a la sociedad española, y que se encuentran actualmente en situación de gran precariedad", ha sentenciado respecto a los inmigrantes sin papeles.
Miles de jóvenes de entre 18 y 23 años sin prestación
La entidad social ha alertado de la misma forma sobre los miles de jóvenes que se quedarán sin prestación por las carencias en el planteamiento del subsidio, que se puede solicitar a partir de los 23 años.
"No compartimos que no se pueda acceder al ingreso mínimo a partir de los 18 años, especialmente en el caso de los jóvenes que salen del sistema de protección de menores. Incluso en el caso de que se pueda solicitar a partir de los 23 años, será casi imposible acceder a esta protección dados los requisitos que se exigen, como, entre otros, haber vivido de forma independiente durante 3 años, algo que, en el contexto actual, es sumamente complicado", ha indicado.
Cáritas ha observado también que la obligación de constar como demandante de empleo para optar al ingreso mínimo dejará fuera del sistema a colectivos que "tengan dificultades de inclusión en el mercado laboral" , como por ejemplo sucede con las personas que sufren enfermedades crónicas y por este motivo no pueden trabajar.
Igualmente preocupa la situación de personas en situación de pobreza severa que residen de forma permanente en lugares que reciben financiación pública y que por este motivo no tendrían derecho al subsidio. "Sabemos que hay personas en situación de exclusión que participan en proyectos de inclusión en espacios residenciales y que serían claros destinatarios del ingreso mínimo vital", ha desvelado la organización contra la pobreza.
Finalmente, Cáritas tampoco concibe que se haya limitado el ingreso mínimo a dos unidades de convivencia en un mismo domicilio debido a que "supone desconocer la realidad de muchas familias que, ante la dificultad en el acceso a la vivienda y como estrategia de supervivencia, tienen que compartirla, con lo que superan el límite fijado"
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