El Juzgado de lo Social número 7 de Zaragoza ha desestimado este viernes las medidas cautelarísimas que hace unos días solicitó el sindicato CSIF para impedir que los trabajadores del Gobierno aragonés se incorporen a sus puestos de trabajo, según informa El Heraldo de Aragón. El CSIF hacía este petición para los trabajadores "hasta que no se dote a los mismos de los medios de protección necesarios contra el coronavirus".

En la fase 1 de la desescalada, la Diputación General de Aragón (DGA) ha comenzado a llamar a parte de la plantilla para que se reincorpore a los puestos presenciales. Por ello, CSIF creía necesario tomar ciertas medidas, sin embargo, el juego considera que no hay motivos para tomarlas. Aún cabe recurso contra esta decisión.

El magistrado señala a CSIF que la administración autonómica tiene trabajadores en Zaragoza, Huesca y Teruel, por lo que la petición debería haberse formulado ante la sala Social del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA). "La solicitud de medidas cautelarísimas no especifica el ámbito territorial al que viene referida, no concreta ni identifica ningún centro de trabajo (...), sino que se limita a solicitar la adopción de tal medida cautelar de forma genérica", indica el juez.

Por su parte, el sindicato, en un escrito presentado el lunes 18 de mayo, alega que se refería concretamente al edificio Pignatelli de Zaragoza, sede central del Gobierno aragonés. El magistrado ha incidido en que en su solicitud "ninguna referencia se hacía al mismo (ni tácita)". Apoyándose en las alegaciones de la administración regional y de la propia Fiscalía, el juzgado concluye que “carece de competencia territorial” para resolver la cuestión.

Aparte de esta competencia territorial, el magistrado no ve causa legal alguna para plantear unas medidas cautelarísimas con carácter previo a la propia demanda por supuesta vulneración de derechos fundamentales (riesgos laborales). Considera que CSIF "no ha alegado, ni mucho menos ha justificado, la existencia de razones de urgencia o necesidad que justifiquen la presentación de la medida cautelar de forma anticipada y separada de la demanda de la que trae causa".

Para el magistrado, el argumento de que la paralización de la reincorporación presencial a los puestos de trabajo sirve para evitar el riesgo de contagio de la Covid-19 es contradictorio. Señala que "en la fase actual de confinamiento el número de personal de la administración solicitada que debe prestar trabajo presencial es mínimo, y que el acceso del público a los centros de trabajo de la DGA o bien está temporalmente vetado o sujeto a fuertes limitaciones (cita previa, limitación de aforo, distancia de seguridad, etc.)".