El Gobierno tiene la intención de aprobar cuanto antes una ley que evite que las empresas tengan a su servicio a trabajadores dados de alta como autónomos cuando en la práctica actúan como si fueran empleados fijos de la compañía y están sujetos a sus directrices, algo que ocurre, por ejemplo, con los riders que reparten comida a domicilio para grandes multinacionales como Uber o Deliveroo. 

Esta situación permite a la compañias no tener que pagar al trabajador un salario fijo ni ofrecerles los beneficios que sí les corresponderían si fuesen empleados con contrato.

Trabajadores de Glovo protestan por la tarifa base de sus repartos

Así lo ha confirmado en una entrevista a 20minutos la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. "Antes de la pandemia íbamos a sacar una ley que regulaba a los trabajadores de plataformas. Hay que acelerarla. Urge y la vamos a sacar adelante", ha declarado Díaz, quien ha hecho referencia a que ya hay varias sentencias que avalan esta decisión del Ejecutivo y consideran que trabajadores como los riders están sujetos una relación laboral con las empresas y por tanto no son autónomos.

La ministra de Trabajo ha desvelado que "tenemos un borrador que está ajustando el equipo justo por la experiencia que nos ha dado la pandemia" pero no ha concretado los detalles.

Sin embargo, el Gobierno podría tomar como referencia para la elaboración de este borrador el modelo regulatorio legal aprobado por el Estado de California, en Estados Unidos, para este tipo de situaciones, que entró en vigor el pasado 1 de enero y que afectaría a un millón de trabajadores, como conductores o riders. 

La norma pretende sacar de las clandestinidad a los autónomos que realmente están trabajando para las empresas como si fuesen fijos y dotarles de un salario mínimo, seguro médico y otras prestaciones a las que tienen derecho. 

Ley AB5: tres criterios para saber si eres autónomo

La llamada ley AB5, presentada por la demócrata Lorena González en la asamblea californiana, sienta la bases para determinar si un trabajador realiza su actividad profesional de forma independiente sin estar sujeto a los mandatos empresariales o por el contrario tiene una vinculación regualar con la empresa no reconocida que le convertiría en un empleado fijo de pleno derecho. 

La norma plantea tres criterios fundamentales. De esta forma, para contratar los servicios de trabajadores autónomos, las empresas deberán demostrar que las  personas no están sujetas al control permanente de la compañía, que el trabajo se realiza fuera del curso habitual del negocio (ni en las instalaciones de la empresa ni realizando actividades principales) y que los servicios que se prestan son de la misma naturaleza que los que los contratados realizan habitualmente en sus comercios o negocios particulares. 

"La ley garantiza que los trabajadores que actualmente son explotados al ser clasificados erróneamente como contratistas independientes en lugar de ser reconocidos como empleados tengan los derechos y protecciones básicos que merecen según la ley, incluido un salario mínimo, compensación laboral si se lesionan en el trabajo, seguro de desempleo, licencia por enfermedad remunerada y licencia familiar remunerada", dice el texto legal. 

Las empresas contraatacan con una campaña de 100 millones

De momento, y aunque algunos trabajadores lo han solicitado, las empresas se resisten a aplicar la norma que ha supuesto un duro golpe para denominada gig economy, basada en la contratación de profesionales freelance. Las principales plataformas, como Uber, Lyft o Door Dash, han iniciado una campaña para convencer a los ciudadanos de la necesidad de tumbar la ley. 

Pretenden recabar 630.000 firmas para convocar una consulta ciudadana. Su intención es tener apoyos suficientes para colocar su propia iniciativa de ley de cara a la campaña electoral del próximo otoño. 

Se gastarán más de 100 millones de euros. Una miseria si lo comparamos con los hasta 3.300 millones de euros -462 solo en California- que podría costar a las empresas Uber y Lyft asumir las nuevas condiciones laborales de los trabajadores en EE UU, según un informe de Barclays y Macquarie Capital.

Demanda contra las plataformas

Ante las pasividad de las plataformas, el Gobierno californiano ha presentado recientemente una demanda contra las empresas de transporte compartido Uber y Lyft por clasificar a sus conductores como autónomos y no como empleados, en contra de la legislación local.

El fiscal general del estado, el demócrata Xavier Becerra, explicó que, entre otras cosas, esta clasificación implica que si un conductor de Uber enferma de COVID-19, deja de trabajar y pierde sus ingresos, sin tener derecho a baja por  enfermedad ni ayuda de ningún tipo. 

"A veces, se necesita una pandemia para que nos demos cuenta de lo que cosas como esta verdaderamente significan y quién sufre las consecuencias", apuntó Becerra, quien presentó la demanda conjuntamente con los Ayuntamientos de Los Ángeles, San Diego y San Francisco. 

Antes, algunas plataformas, entre ellas Uber, habían demandado a Estado de California al considerar que "la norma es inconstitucional e irracional, favorece a otras industrias y amenaza nuestra flexibilidad”.