Así, en un comunicado, han recordado que el pasado 25 de marzo denunciaron la falta de personal destinado a la tramitación de los ERTE y advirtió de que las 16 personas que en ese momento se encontraban realizando las gestiones eran "claramente insuficientes para los miles de expedientes que se avecinaban".

Al respecto, desde la Junta de Andalucía han precisado a Europa Press que desde las primeras semanas ya se había reforzado la plantilla contando con 74 personas de la Delegación de Empleo y grupos procedentes de otras delegaciones y de la Consejería.

A 4 de mayo se han resuelto el 96 por ciento de las solicitudes de ERTE, que ascienden a 23.716 en total. De ellas se han resuelto 22.718. La media de trabajadores por expediente es de 5,2 y el total de afectados supera los 120.000 en la provincia, según los datos aportados.

Desde CCOO han considerado que la Junta de Andalucía "debió adelantarse a la realidad que se precipitaba por días con la avalancha de ERTE". Es más, han incidido en que la "falta de decisión política durante el mes de marzo ha ocasionado un grave problema a las decenas de miles de personas acogidas a esos expedientes reguladores durante marzo, que no han cobrado las prestaciones en el mes de abril, y muchas de las cuales sobreviven sin ningún ingreso económico desde que se les incluyera en el ERTE".

"Estamos hablando de 15.211 expedientes en los que están implicados 80.299 personas trabajadoras, de las que apenas 400 han podido completar la tramitación y recibir la prestación por desempleo", han insistido desde CCOO. Las cifras, han añadido, "dejan claro que el retraso que se ha originado en la Delegación de Empleo en marzo ha impedido el cobro de las prestaciones procedentes del SEPE y al final los perjudicados, una vez más, son los trabajadores y trabajadoras".

La consejera de Empleo de la Junta, Rocío Blanco, incidió este lunes en que una vez tramitados "es el Servicio Público Estatal de Empleo (SEPE) del Ministerio de Trabajo y Economía Social quien debe pagar las prestaciones a los trabajadores afectados por los ERTE".

En este sentido, subrayó la respuesta de la Junta a los ERTE, que calificó de "ejemplar", añadiendo que "no hay ningún trámite, ni en el SAE ni en ningún organismo autonómico, que obstaculice o retrase la tramitación de las prestaciones, a pesar del esfuerzo de algunos por confundir irresponsablemente a la opinión pública en este asunto".

INSPECCIONAR A EMPRESAS POR FRAUDES

Desde CCOO han señalado, por otro lado, que "agilizar la administración pública no supone reducir y eliminar controles, sino acortar los plazos de gestión protegiendo derechos tanto de la sociedad en su conjunto como de las personas, en este caso trabajadoras".

"La agilidad en la tramitación debe venir acompañada de una inspección laboral eficaz", han indicado desde el sindicato en un comunicado y han considerado que los departamentos de delitos tecnológicos, tanto de la Guardia Civil como de la Policía Nacional, "deben coordinarse con la inspección de trabajo para vigilar a aquellas empresas, que sujetas a ERTE, obligan a sus empleados a trabajar desde sus domicilios".

Esto, han agregado, es "un fraude empresarial que ya ha sido denunciado por escrito y que afecta fundamentalmente a las empresas del sector servicios que, usando la fórmula del teletrabajo, mantienen la actividad laboral al mismo tiempo que cargan al Estado gastos salariales y de cotización de sus plantillas".

"Es un delito que nos perjudica a todos y todas y que se debe perseguir con contundencia, para lo cual es preciso coordinar a los diferentes ministerios responsables y reforzar los servicios de inspección laboral en general", han concluido desde CCOO.