En su segunda intervención ante la comisión de Interior del Congreso, Alonso destacó la necesidad política de dar a conocer estos detalles, ya que "tenemos que informar a los ciudadanos y tomar decisiones y para eso necesitamos saber la verdad".

El ministro del Interior compareció el jueves en el Congreso para informar de la muerte de un hombre en el cuartel de la Guardia Civil de Roquetas de Mar (Almería), que el teniente al mando golpeó hasta siete veces con dos armas no reglamentarias (porras extensible y eléctrica) al detenido, pese a que éste estaba esposado en el suelo y había cuatro agentes que estaban intentando reducirle.

El ministro del Interior aseguró también durante su comparecencia en el Congreso que el teniente imputado por la muerte de un agricultor negó haber utilizado las dos porras antirreglamentarias.

Alonso quiso dejar claro desde el primer momento su apoyo a la Guardia Civil y también su criterio de "tolerancia cero" en lo que respecta a la conculcación del respeto de los derechos y libertades de los ciudadanos. Aunque respeta la presunción de inocencia, destacó que el "hecho incontrovertible" es que a Juan Martínez Galdeano, tras llegar "por su propio pie a un centro policial", le sobrevino la muerte después de un "largo encuentro violento en el que toman parte nueve agentes policiales".

Detalló que las primeras noticias del fallecimiento llegaron a la Comandancia de Almería sobre las 18.00 horas del 24 de julio tras una llamada del teniente jefe del puesto de Roquetas, sin que del contenido de esta primera información que se dedujera irregularidad.

Para entonces, no se sabía del uso de dos porras extensible y eléctrica y sólo se hablaba de muerte por fallo cardiaco. Fue horas después, a las 0.51 horas del 25 de julio cuando la Comandancia de Almería habla por primera vez del "empleo de la fuerza por parte de los agentes", si bien sin indicios de "extralimitación".

Pero ese día, la Comandancia de Almería ya decide relevar al teniente. Fue en ese punto cuando Alonso dio a conocer que todo ello tuvo noticia por el delegado del Gobierno en Andalucía, Juan José López Garzón, y no por el director general de la Guardia Civil, Carlos Gómez Arruche.

En concreto, detalló que el 25 de julio por la noche López Garzón le telefoneó a su domicilio particular para informarle de que en el vídeo grabado en el cuartel se observan "golpes" al detenido y la utilización de, "al menos", una porra eléctrica.

NUEVO INFORME

En su relato, Alonso explica que a las 0.05 horas del 26 de julio, la Comandancia de Almería remite un nuevo informe a Madrid, en el que se indica que visionadas de nuevo las cintas, se observa cómo el detenido esposado está siendo reducido por cuatro guardias civiles en el suelo del patio tras agredir a los guardias.

"Mientras se le reducía, aparece de paisano el teniente del puesto que provisto de una defensa, al parecer rígida de tipo telescópica en una mano y en la otra una defensa eléctrica comienza a reducir al detenido con golpes de defensa y descarga" y que, tras varios minutos, es arrastrado fuera de la visión de la cámara, permaneciendo en el patio hasta que se presenta el personal sanitario. Ahí ya se da cuenta de la "crudeza de las imágenes".

Con esta información urgente, el director general de la Guardia Civil abrió expediente gubernativo el día 26 al teniente por presunta comisión de falta muy grave según el artículo 9.9 de la Ley de Régimen Disciplinario. En el mismo, Arruche da cuenta del uso de las dos porras "no autorizadas" por parte del teniente y de su "poca colaboración", decretándose su cese por tres meses.

Ese mismo día 26, el comandante instructor informa a la Comandancia de Almería de la existencia de imágenes en los discos duros hasta entonces no vistas. En ese vídeo, del que Madrid recibe noticia el día 28, se observa al detenido "esposado con las manos por delante y vistiendo solo ropa interior", que está siendo reducido por otros cuatro guardias civiles.

 Segundos después, aparece el teniente con la porra rígida telescópica en la mano derecha y la eléctrica en la izquierda, "y comienza a golpear con ambas al detenido, al tiempo que una guardia femenina le arremete un golpe con una defensa de tipo reglamentario en las piernas", leyó Alonso.

"Durante dos minutos se observa cómo el teniente golpea al detenido con ambas defensas repetidas veces, al menos siete con cada una, en piernas brazos y tronco, mientras que el resto lo sujetan por las manos observando cómo es el teniente quien lleva la iniciativa mientras que el resto observan o sujetan con las manos a la vez que ordena el teniente a algunos que salgan del cuartel (al parecer para ir al ambulatorio y dejar expedita la calle de posibles mirones).

El detenido reacciona a los golpes y descargas mientras siguen reteniéndole por las manos de que le arrastran hasta salir de la visión de la cámara", continuó el ministro. A su juicio, de esto se desprende que el teniente empleó dos defensa no reglamentarias y que lo obvió, lo que podría ser objeto de una falta muy grave.

Alonso también dijo que el 3 de agosto, la Comandancia de Almería remite a la Subdirección de Operaciones de la Guardia Civil copia de la autopsia practicada, en la que se concluye provisionalmente "que existe una relación de causalidad entre el fallecimiento y la situación de detención del sujeto".

ULTIMAS CONSECUENCIAS

A su juicio, la exigencia de responsabilidades llega "a sus últimas consecuencias, sean las que sean" y no consentirá que se empañe el prestigio de la Guardia Civil por hechos "aislados o excepcionales". "En eso el Gobierno no retrocederá ni un milímetro", manifestó.

Alonso anunció que ha dado instrucciones al secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, para que se realice una evaluación sobre el repeto a los derechos de los detenidos y las condiciones materiales en los centros de detención, a fin de proponer situaciones de mejora.

También propuso que se revisen los protocolos policiales sobre el trato a los detenidos para crear una directiva común a los dos Cuerpos policiales.

Decisiones adoptadas por Interior

El Gobierno ha adoptado varias decisiones desde que se conoció que en la muerte del agricultor de Roquetas podrían haber estado implicados nueve agentes de la Guardia Civil. Estas han sido las principales:

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