Las autoridades continúan tomando medidas extra en las residencias de ancianos, que en muchos puntos del país se han convertido en problemáticos focos de coronavirus con una alta mortalidad. Además, este lunes trascendió que el Ejército había encontrado en algunos centros, cuya ubicación no precisó, a internos conviviendo con cadáveres que no habían sido retirados, algo que ya está siendo investigado por la Fiscalía General del Estado.
Para evitar estas dantescas situaciones, el Ministerio de Sanidad ha publicado este martes una orden, ya en vigor, en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Así, las residencias de mayores deben comunicar de inmediato a las consejerías de Sanidad y Servicios Sociales de sus comunidades y a las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno la imposibilidad de gestionar adecuadamente la conservación y retirada de cadáveres por la acumulación o ausencia de servicios funerarios disponibles.
La orden establece los casos excepcionales en los que los centros deberán informar inmediatamente para recabar el auxilio urgente si no pueden gestionar la conservación y retirada de cadáveres.
También si no tienen los medios personales o materiales para cumplir las normas de aislamiento, así como ante cualquier otra circunstancia análoga que ponga en grave peligro la integridad y sostenimiento del servicio que se presta.
Cuando concurran alguna de estas situaciones excepcionales, los centros serán auxiliados de forma coordinada con todos los medios disponibles en su territorio.
Una vez llevada a cabo la intervención, se informará al Ministerio del centro en el que se haya producido, la situación abordada, los medios activados y la situación final.
La orden también permite a las comunidades ordenar por motivos de salud pública el alta, la baja, reubicación y traslado de los residentes a otro centro residencial, con independencia de su carácter público o privado.
Podrán también impulsar la puesta en marcha de nuevos centros, modificar la capacidad u organización de los existentes, designar a un empleado público para dirigir la actividad asistencial de un centro o convertirlos en centros de uso sanitario.
Todas las residencias quedan además sujetas a la inspección de los servicios sanitarios de cada comunidad autónoma, que podrá realizarse en cualquier momento.
La orden estará en vigor hasta la finalización del estado de alarma sanitario y durante sus posibles prórrogas.
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