La reunión entre ministerios que se ha celebrado la mañana de este viernes para estudiar una posible ampliación de las medidas económicas ante la crisis del coronavirus ha terminado en fracaso parcial. La comisión delegada de Asuntos Económicos -dirigida por la vicepresidenta económica, Nadia Calviño- ha descartado llevar al próximo Consejo de Ministros la suspensión en el pago de los alquileres. Esta ampliación del llamado "escudo social" debía aprobarse el próximo martes, pero -según han reconocido fuentes del Gobierno central- la propia Calviño ha mantenido su veto a la propuesta, que sí cuenta con el apoyo del vicepresidente Pablo Iglesias y del ministro de Transportes, José Luis Ábalos. Junto a Calviño, también recela de la posibilidad de ampliar ya la protección social la ministra María Jesús Montero. La propuesta es que se deje de pagar el alquiler y que -en cuanto a los arrendadores- se compense una parte si es propietario de un máximo de tres viviendas en alquiler. 

El veto a ampliar las medidas de protección a las personas que viven de alquiler se contrapone con el que sí dio el Gobierno el pasado martes a las personas que viven con una hipoteca. En el último Consejo de Ministros, el Gobierno -además de ayudas a los autónomos, a las pymes y un programa social para personas que ya están en situación de vulnerabilidad- aprobó que las personas que están hipotecadas y que, debido a la crisis del Covid-19, no van a poder afrontar su próximo pago, puedan retrasar al menos un mes ese gasto. 

Ya en ese momento,  varios ministros -junto a los de Unidas Podemos, también el de Seguridad Social, José Luis Escrivá, y el de Transportes- argumentaron la necesidad de defender también a las personas a las que golpee la crisis y vivan de alquier. Desde el ala más dura del Gobierno se argumentó que la medida era técnicamente más complicada y que subía el coste. 

Como argumento tras la rueda de comparecencia de Pedro Sánchez, desde el Gobierno argumentaron que la crisis se extendería apenas un mes y que, en el caso de los alquileres, confiaban en la buena fe del arrendador frente al inquilino. Sin embargo, todo apunta a que la crisis económica va a ser bastante más larga, por lo que precisamente las personas que viven de alquiler están más desprotegidas que quienes tienen su propia casa, de ahí el intento hoy por parte del Gobierno de que se rectifique la exclusión.

Hay que tener en cuenta que una parte significativa del alquiler de vivienda en España está en manos de empresas privadas, entre ellos algunos denominados fondos buitres, como BlackStone. En este caso, la medida plantea compensaciones a los arrendatarios, pero excluyendo tanto a los fondos buitres como a grandes tenedores de vivienda.

Mientras en el Gobierno central se libra aún esta pelea entre ministros, otras administraciones sí han actuado en esta línea. Por ejemplo, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha aprobado la exención del pago del alquiler a todas los inquilinos de la sociedad municipal de la vivienda, en Madrid. Además, la Generalitat de Cataluña también ha aprobado una medida similar, al aprobar una moratoria para el pago de alquileres en toda su red de vivienda pública autonómica.