Segundo choque de la semana en el Gobierno de coalición. Este martes se conoció que la Abogacía del Estado –dependiente jerárquicamente del Ejecutivo– ha decidido recurrir ante el Tribunal Supremo la indemnización impuesta por la Audiencia Nacional al Estado por dejar sola en su contencioso legal en EE.UU. a la familia del cámara José Couso, asesinado por tropas de ese país en la Guerra de Irak en 2003. Y un día después, este miércoles, Unidas Podemos expresó su rechazo frontal a esa decisión.

El pasado diciembre, la Audiencia Nacional conminó al Estado a indemnizar con 182.000 euros a la familia de Couso por no haberle prestado ayuda diplomática para exigir a EE.UU. reparase el "daño causado" por la muerte del cámara, asesinado en un ataque a un hotel de Bagdad (Irak). En su sentencia, el tribunal consideró que España "se limitó a recibir y aceptar las explicaciones ofrecidas por EE.UU.".

La decisión de la Abogacía del Estado de recurrir este fallo ha abierto la segunda brecha de la semana en el Gobierno, tras los desencuentros entre los ministerios de Justicia e Igualdad por la ley de violencia sexual. En la mañana del miércoles, Unidas Podemos manifestó a través de un comunicado "todo su apoyo a la familia Couso" y expresó su discrepancia con "el criterio de la Abogacía del Estado". 

"Entendemos que la Sala de lo contencioso administrativo de la Audiencia Nacional se ha pronunciado claramente sobre la procedencia de la indemnización y reparación establecida", criticó Unidas Podemos, que aseguró que seguirá "trabajando para que a la viuda, hijos y familia de José Couso les sea plenamente reparado el daño causado" por un Estado que, como recoge la sentencia, no emprendió en su día "acciones ante otro Estado que ha incurrido en un ilícito internacional".

IU y el PSOE

En un comunicado muy similar, IU también mostró todo su "apoyo" tanto a la familia Couso como a "la batalla jurídica que, con inmensas dificultades, se ha seguido ante la jurisdicción penal española hasta el archivo definitivo de la investigación como consecuencia de la reforma de la jurisdicción universal realizada por el Gobierno de Mariano Rajoy". Y tachó el asesinato del cámara como "crimen de guerra".

No obstante, el secretario general del PCE, Enrique Santiago –que es a su vez diputado de Unidas Podemos en el Congreso–, quiso insistir en que la discrepancia es con la Abogacía del Estado, "que no es el Gobierno" sino "una institución jurídica que maneja sus criterios jurídicos propios". No obstante, la ministra de Exteriores, Arancha González Laya, defendió a la Abogacía argumentando que la sentencia "transforma el derecho de protección consular en casi una obligación del Estado de atender cualquier petición de cualquier español en el extranjero", algo, desde su punto de vista, "inasumible".

El PSOE, igualmente, ha tratado por el momento de desvincular al Gobierno de la decisión de la Abogacía del Estado. Este martes, preguntada al respecto, la portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, insistió en la "solidaridad y apoyo" del Gobierno y el PSOE a la familia Couso, y dijo desconocer en qué se basa el recurso a la decisión de la Audiencia Nacional. "Tendrá que ver con cuestiones técnicas", aventuró.