El Gobierno ha empezado a atajar los problemas del campo actuando sobre los precios, aunque sin intervenir directamente. Dejará que sean productores y mayoristas quienes lleguen a un acuerdo aunque, eso sí, con ciertos requisitos para revertir el "desequilibrio" observado en detrimento del campo. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto ley con medidas urgentes para el sector del campo que obligará a las plataformas de compra y distribuidoras ha contemplar todos los costes de producción a la hora de fijar el precio de los productos agrícolas y ganaderos. Entre otros elementos, la decisión incluye también facilidades fiscales para los jóvenes productores.

"Ese precio de venta no podrá ser nunca inferior a los costes de producción que libremente se han determinado entre vendedor y comprador o en la referencia" que publica el Ministerio de Agricultura, ha dicho el ministro, Luis Planas, que tras el Consejo de Ministros ha explicado la modificación de la Ley de Cadena Alimentaria acordada este martes.

"Tenemos la impresión de que los precios se están formando de arriba a abajo cuando lo lógico sería que el elemento de base fuera el contrato entre el productos y el distribuidor o intermediario", ha dicho Planas para justificar por qué el decreto actúa, entro de una "economía social y de mercado", "en absoluta planificada", sobre la fijación de precios. 

Este es el elemento central de real decreto que entrará en vigor al día siguiente de ser publicado en el BOE, pero que Planas ya ha dicho que quiere tramitar como proposición de ley, para que los grupos del Congreso puedan presentar enmiendas. El ministro también ha dicho que quiere contar con la colaboración de las comunidades autónomas.

Todos los costes de producción

En concreto, la decisión que ha tomado este martes el Gobierno consiste en que, en el primer eslabón de la cadena, a la hora de fijar los precios de los productos en contratos escritos -que a partir de ahora serán obligatorios- agricultores y plataformas de compra deberán incluir el coste de todos los elementos que son necesarios para la producción, desde insumos , hasta el transporte pasando por costes de energía, por ejemplo, ha enumerado el ministro. Si las partes no tiene referencias de precios, deberán utilizar las que aparecen en la web del Ministerio de Agricultura, que se actualizarán con el nuevo estudio que se ha encargado al Observatorio de Precios y Mercados del Ministerio. 

El Gobierno es consciente de que por el momento la oferta está "muy atomizada" y los productores agrícolas y ganaderos están poco organizados en cooperativas. Hasta que esta situación mejore, el decreto que ha visto luz verde este martes obliga a que los contratos de compra y venta sean escritos y recuerda a las plataformas de compra que negarse a aceptar un precio estipulado teniendo en cuenta todos los costes de producción puede comportar faltas de tipo grave o muy grave que, según la ley de Cadena Alimentaria, puede llegar a sanciones de entre 3.000 a 100.000 euros para las primeras y de 100.000 a 1,5 millones las segundas.

Además, la nueva norma obligará a publicar estas sanciones por faltas graves o muy graves, lo que afectaría a los compradores desde el punto de vista de la reputación, que más que las multas es lo que puede tener efecto disuasorio para la gran distribución. "El mayor daño lo causamos todos como consumidores, vamos a una tienda que tiene buena reputación", dicen en el Gobierno, donde también advierten directamente a los mayoristas: "Si al final el precio es inferior se habrá cometido una infracción de la ley".

Ningún precio de venta bajo precio de coste

A partir de esta primera operación de compra venta, en el primer eslabón, deberá mantenerse la obligación que establece la norma aprobada este martes: que nunca el precio de compra pueda ser inferior a lo que el vendedor en cada caso pagó por ese producto en una fase previa.

"Prohibición de venta a pérdida o destrucción de valor en la cadena", dice el texto de decreto que precisa que "cada operador deberá pagar al operador inmediatamente anterior un precio igual o superior al coste efectivo de producción"

No obstante, habrá dos excepciones, que pueden darse en el último eslabón, es decir, la tienda al consumidor. Estará permitido vender por debajo del coste de producción o de compra en el caso de bienes perecederos que estén a punto de caducar. Se trata de evitar el "despilfarro alimentario", ha dicho Planas, que en este sector puede llegar al 30% de productos no consumidos. El ministro ha considerado que en este caso el vendedor tiene hasta la obligación "moral" de vender a bajo coste.

La segunda excepción tiene que ver con un aspecto de la ley de venta minorista que revocó una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE.

Con esta reforma legal, el Gobierno afirma que quiere dar respuesta a las "legítimas" reivindicaciones del campo.- "Hemos contemplado en la cadena alimentaria cómo se produce un desequilibrio entre los distintos eslabones, con un particular perjuicio para el primero, agricultores y ganaderos, que se encontraban en una situación más desfavorable respecto a industria,  distribuidores y consumidores", ha dicho Planas, que el 3 de febrero constituyó una mesa de diálogo con las tres principales organizaciones agrarias, a la que este martes explicará el decreto.

El ministro también mantiene interlocución de con las grandes distribuidoras, igual que ha recordado que también hacen los ministros de Agricultura en Francia o Alemania. La impresión de estos contactos por parte del Gobierno "está siendo favorable", porque estas empresas están escuchando en de las autoridades españolas lo mismo que plantean las francesas o las alemanas.

Precio al consumidor

El cambio supondrá elevar el precio de los productos agrícolas en origen, pero el ministro ha confiado en que esto no repercutirá en el precio final que paga el consumidor, a pesar de que el decreto no contempla ninguna medida específica al respecto. 

"El Gobierno cree que esto es posible [que no suban los precios que paga el consumidor] mientras que asumamos cada uno nuestra responsabilidad en el marco de la cadena", ha dicho Planas, que ha considerado que "es perfectamente posible que los precios no se incrementen y pueda existir una mejor retribución" del trabajo de agricultores y ganaderos.

Fuentes del Gobierno han añadido que el factor principal por el que se descarta un alza de precios al final de la cadena, es decir, a los consumidores tiene que ver con su propia actitud. El sector agroalimentario es muy competitivo porque los consumidores cambian de supermercado por los precios, lo que también explica que hasta ahora los mayoristas presionaran sobre los productores para aumentar su márgenes comprando a bajo precio, en lugar de hacerlo sobre los precios finales en el supermercado. El Gobierno cree que si una gran superficie aumenta precios, los consumidores irán a comprar a otro establecimiento.

Promociones engañosas

Otro elemento que prohíbe el decreto es la "publicidad engañosa" que tiene que ver con la promoción de un determinado producto mediante el regalo o la venta a muy bajo coste de otro, particularmente de tipo agroalimentario, como puede ser el aceite de oliva. "Por ejemplo, dos cajas de detergente y de regalo un litro de aceite de oliva virgen", ha dicho Planas, que ha denunciado que "esto supone la devaluación del trabajo del producto".

Para el Gobierno, estas ofertas "lesionan la reputación" de los agricultores porque, además, si se prolonga en el tiempo, pueden crear la sensación de que el precio de promoción es el precio real de un determinado producto. 

Agricultura "respeta las promociones comerciales" pero deplora estas prácticas que, de momento, se encuadran en la prohibición de la venta a pérdidas que se introduce en el decreto de este martes.

Facilidades fiscales y peonadas

La actuación sobre los precios no es la única de las medidas a las que el Gobierno ha dado luz verde este martes para intentar dar respuesta a las protestas del sector del campo que duran ya semanas. Según ha explicado Planas, también hay una modificación de la ley del IRPF sobre la tributación los jóvenes agricultores que se incorporan a este actividad.

En concreto, esta tributación no se efectuará de una sola vez, sino a lo largo de cuatro ejercicios fiscales.

Además, el real decreto también reduce en esta campaña de 35 a 20 el número peonadas que son necesarias en Andalucía y Extremadura para cobrar el subsidio agrario. También en el ámbito laboral, habrá bonificaciones para los empresarios que conviertan en contratos indefinidos los contratos de trabajadores temporales.

Por último, el real decreto modifica la Ley de Inspección de Trabajo y Seguridad Social para obligar al empresario a que ponga a disposición de los trabajadores "lugares de descanso o reposo" de los que podrá disfrutar por contrato y, por tanto podrán ser objeto de inspección para que el lugar de trabajo "reúna todas las condiciones legales de salubridad y de la dignidad de la personas", ha dicho Planas.