Esta actuación, que se prevé que tenga un primer borrador en el mes de mayo, se configura como una fiscalización de regularidad sobre la actividad de la Mancomunidad y, por tanto, se extiende al análisis de la gestión realizada tanto en su aspecto financiero como en lo relativo al cumplimiento de legalidad.
La fiscalización de regularidad tiene por objetivo "obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros de la Mancomunidad están en su conjunto libre de incorrecciones materiales debidas a fraude o error y sobre si, en el desarrollo de su actividad, la entidad cumple en todos los aspectos significativos con las normas aplicables identificadas como marco legal", según han indicado desde la Cámara de Cuentas en un comunicado.
El ámbito subjetivo de la fiscalización lo integra exclusivamente la Mancomunidad, sin perjuicio de que en el desarrollo del trabajo se puedan analizar actividades o servicios prestados por su sociedad mercantil dependiente, Acosol, para valorar la corrección de la actuación de su entidad matriz.
Pese a realizarse sobre el año 2018, han aclarado que, en caso de ser necesario, se desarrollarán pruebas y procedimientos de auditoría sobre datos, informaciones o actividades de ejercicios anteriores o posteriores.
El equipo de auditoría que se destinará para el desarrollo de este trabajo está compuesto, además de por la consejera responsable, por un auditor, un técnico de auditoría y una administrativa.
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