De las 14 oficinas liquidadoras que existían, ha acusado al Ejecutivo andaluz de PP y Ciudadanos de cerrar nueve de ellas en la provincia "como aparece reflejado en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma del 20 de diciembre del pasado año en su anexo IV".

"Se quedan, por lo tanto, solo cinco oficinas y en el caso concreto de la oficina de Álora, que atendía a los municipios de Cártama, Pizarra, Almogía, Casarabonela y Alozaina, los afectados tendrán que desplazarse a la oficina de Mijas para poder realizar parte de los servicios que se realizaban aquí", ha explicado.

Para Ruiz Espejo, "las zonas de interior son las más perjudicadas porque estos ciudadanos tendrán que desplazarse para tener el mismo asesoramiento que ya tenían en su municipio".

Así, para la liquidación de impuestos como el de sucesiones, que aunque esté bonificado se debe seguir presentando la declaración correspondiente, el de actos jurídicos documentados o las declaraciones de ventas de vehículos, "no se podrán hacer ya en Álora en la oficina que había hasta el 31 de diciembre porque el PP y Cs eliminan este servicio y lo trasladan a Mijas o a las oficinas centrales de Málaga capital".

"Estamos ante un hachazo más del PP y Cs, del gobierno de la Junta, a los servicios de los municipios rurales y a sus ciudadanos·, ha reiterado, al tiempo que ha informado de que presentarán mociones en los ayuntamientos.

Precisamente, este miércoles se debatió en la Diputación de Málaga donde el diputado de Economía, Hacienda y Administración Electrócnica, Manuel López Mestanza, señaló que las oficinas trabajarán mediante cita previa "pero dando los mismos servicios" que hasta ahora, asegurando que se había firmado el nuevo convenio con los registradores de la propiedad y negando ningún cierre.

Por su parte, el alcalde de Álora, Francisco Martínez, ha lamentado que el cierre de la oficina liquidadora de Álora "es un atropello total de la Junta de Andalucía". "Estas oficinas abarcan una población de entre 56.000 y 60.000 habitantes que ahora tendrán que desplazarse para realizar la documentación de los tributos autonómicos. Rechazamos estas políticas porque solo agravan, aún más, el despoblamiento de las zonas rurales", ha finalizado.