La relación entre el nuevo vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, y el máximo estamento judicial, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), empieza con mal pie. La institución exigió este miércoles al dirigente "prudencia" y "responsabilidad insitutcional", después de que Iglesias afirmara el martes que España ha sufrido una "humillación" por algunas decisiones judiciales europeas que habrían "quitado la razón" a magistrados españoles en relación a los dirigentes independentistas presos y huidos.
En una entrevista en Antena 3, Iglesias afirmó que "muchos tribunales europeos han quitado la razón a nuestros jueces", lo que supone "una humillación para el Estado español". "Que haya tribunales europeos, que forman parte del ordenamiento jurídico español, que quiten la razón a algunos jueces españoles deja en mal lugar a nuestra justicia", y "demuestra que la judicialización de un conflicto político no resuelve el conflicto", sostuvo el vicepresidente.
En respuesta, el CGPJ publicó este miércoles por la tarde un comunicado en el que apeló a la "moderación, prudencia y mesura" de Iglesias "para evitar la utilización política de la justicia o el cuestionamiento de la independencia, la imparcialidad y la profesionalidad de los jueces y magistrados". "Desde el más absoluto respeto al derecho de libertad de expresión", el órgano "considera imprescindible reafirmar que la actuación del Poder Judicial, institución esencial en toda sociedad democrática, persigue en todo momento el cumplimiento de la ley", señala el CGPJ.
Se trata del primer encontronazo público del Poder Judicial con el nuevo Gobierno de coalición de Pedro Sánchez, en vísperas de que este jueves se examine la propuesta de nombrar fiscal general del Estado a la exministra de Justicia Dolores Delgado.
Las resoluciones sobre el 'procés'
El órgano, además, defiende que los tribunales europeos solo se han pronunciado dos veces en relación al procés: una vez para responder a la cuestión del Supremo sobre la inmunidad de Oriol Junqueras, y otra para confirmar "en todos sus extremos" la suspensión por parte del Tribunal Constitucional del pleno del Parlament de Cataluña del 9 de octubre de 2017.
En relación al primero de los casos, el comunicado destaca que el Tribunal de Justicia de la UE aclaró la cuestión de la inmunidad de los eurodiputados "en un sentido contrario al sostenido hasta entonces por el propio tribunal europeo, por todos los Estados de la Unión, por la Comisión Europea y por el propio Parlamento Europeo".
"En relación con la actuación de otros tribunales respecto de los que no existe subordinación alguna de la justicia española, ninguno de ellos ha hecho pronunciamiento definitivo sobre las euroórdenes cursadas a Bélgica contra Carles Puigdemont y Antoni Comín [...] ni sobre la cursada a Escocia contra Clara Ponsatí", y "solo el tribunal regional alemán de Schleswig-Holstein rechazó, contra el criterio de la Fiscalía de ese país, la entrega de Carles Puigdemont para ser enjuiciado por el delito de rebelión", enumera el CGPJ.
Consultados por este diario, ni Podemos ni, de forma específica, la Vicepresidencia Segunda del Gobierno (la de Iglesias) quisieron responder al comunicado. Sí lo hizo en un breve comunicado el Ejecutivo, que aseguró que su "actitud" con respecto a la justicia es "de diálogo, dentro del respeto a la libertad de expresión y el derecho a la crítica". El Gobierno, además, deja caer que "es deber de todos velar por el correcto funcionamiento de la justicia y contribuir de esa manera a poner al día sus órganos de gobierno", en la misma semana que el PP ha anunciado que se niega a negociar la renovación del CGPJ.
No es la primera vez
La comisión permanente recuerda que no es la primera vez que hace una apelación de este tipo en este mandato del Consejo.
En abril de 2018 llamó también a "la moderación, la mesura y la prudencia de los responsables públicos para evitar la utilización política de la Justicia" y el cuestionamiento de los jueces después de que el entonces ministro de Justicia, Rafael Catalá, cuestionara al juez de la Audiencia de Navarra que firmó un voto particular pidiendo la absolución de los integrantes de La Manada.
Según dijo Catalá, cuando "todos" sabían que el juez "tiene algún problema singular", el CGPJ "debería haber actuado preventivamente" contra él.
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