En una rueda de prensa ofrecida este jueves en la Cámara gallega, el diputado Luís Bará ha criticado que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y la conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, "escenifiquen una especie de lamento y denuncia de agravio" ante el gobierno central por la gestión de esta autopista cuando, conforme ha subrayado, el Partido Popular es "corresponsable" de la situación.

Así, ha subrayado que hay una "responsabilidad compartida de los gobiernos de turno, tanto del PP como del PSOE" de la situación en la que se encuentra la AP-9 y ha recordado que el Partido Popular fue el "responsable" de la ampliación de la concesión en "25 años aprobada en el 2000, cuando gobernaba Aznar". Una decisión que, según ha apuntado, contó con el "beneplácito" del PP en la Xunta.

"Ahora sufrimos aún otros agravios comparativos cuando vemos que el próximo día 1 de enero van a pasar a ser de gestión pública y directa la AP-4, entre Sevilla y Cádiz, y la AP-7, entre Tarragona y Alicante", ha censurado Luís Bará, que ha recordado que esto tendrá lugar mientras los peajes de la AP-9 vuelven a subir.

"Mientras aquí tenemos que pagar un nuevo incremento, varias autopistas de la misma época van a ser gratuitas", ha insistido Bará, que ha considerado que este hecho "redunda" en la "discriminación" que sufre Galicia.

PROPUESTAS PARA "ACABAR CON LA ESTAFA"

Frente a ello, el diputado del Bloque ha avanzado que su formación presentará una batería de propuestas para "acabar con esta estafa y expolio" a los gallegos que se produce mientras la concesionaria sube sus ingresos.

De este modo, entre otras cuestiones, ha exigido la "anulación y renegociación" de los convenios firmados por los gobiernos en 2011 y 2013 que "permiten las subidas abusivas de los peajes".

Además, ha reclamado un sistema de bonificaciones de los peajes similar al que existe otros carreteras, la eliminación del peaje entre Rande y Vigo, así como un plan de obras de mantenimiento y mejora de la infraestructura que incluya la habilitación de pantallas antirruido, el mantenimiento de los puestos de trabajo y la aprobación de un protocolo de levantamiento de barreras en caso de retenciones.